La decisión la tomó el juez Julián Ercolini. La medida también afecta al empresario Manuel Vázquez. El juez federal Julián Ercolini ordenó la detención del ex secretario de Transporte nacional, Ricardo Jaime, y del empresario Manuel Vázquez, sindicado como su testaferro, en la causa por la compra de trenes a España y Portugal. Así lo informó hoy el Centro de Información Judicial.
«Hablé por teléfono con él y no sabía que hacer. Le dije que llamara a la delegación de la Policía Federal (de Córdoba) para que le manden un movil y lo vayan a buscar. Le pidieron que vaya él por su medios y se tomó un taxi», explicó su defensor.
Marutian consideró que tras ser detenido hay grandes posibilidades que Jaime pase el fin de semana en alguna dependencia judicial de Córdoba y recién el lunes sea trasladado a los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, donde será indagado por Ercolini.
En la causa se investiga el pago de comisiones para la compra, en 2005, de decenas de trenes usados a España y Portugal, en una operación mayor a los 300 millones de pesos. La mayor parte de ese material ferroviario nunca llegó a rodar por las vías por su pésimo estado. Parte de ese material tenía más de 20 años.
La Auditoría General de la Nación (AGN) había presentado un informe en 2012 en el que había advertido sobre el pago de sobreprecios. El documento indicaba además que el 44% del total del material adquirido no servía, mientras que en el caso de España ese porcentaje se incrementaba a 58%. El informe recordaba que se compró material a España por 200 millones de euros y a Portugal por 20 millones de la misma moneda.
La resolución del pedido de arresto remarca que «del expediente surge que los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real». El documento agrega que hay presunciones de que «grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal».
