El proceso comenzará en el mes de junio, así lo informó la justicia al Instituto de Colonización. La investigación es llevada a cabo por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que ya citó a 18 personas involucradas en el hecho.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas le confirmó al Instituto de Colonización la existencia de un proceso judicial relacionado a la venta ilegal de terrenos fiscales producida hace más de diez años. La causa tiene como carátula el «fraude a la administración pública» por la adjudicación irregular y venta de tierras en territorio local.
La Cámara del Crimen N° 1, por su parte, tiene definida una audiencia debate para el 29 de junio, evento al que deberán asistir unas 18 personas en calidad de imputados.
Heitor Lago, fiscal general de la causa, expresó que el Instituto de Colonización tiene intervención como querellante en los términos dispuestos en el Código Procesal Penal de la provincia, pero al mismo tiempo hay otras acciones conexas con relación a los hechos investigados por la FIA, la cual se tramita ante la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, bajo el expediente 3479/09, caratulado «Provincia del Chaco s/ Acción de Lesividad, instaurada por la Fiscalía de Estado».
Involucrados
Las personas que están relacionadas a las ventas irregulares de tierras del Estado son: Omar Rodríguez, Antonio Luis Blanco, Roberto Cogno (Fallecido), Carlos Esteban Gasko, José Pedro Moreno, Julio Segundo Vargas, Adolfo Sánchez, Ramón Ceferino Navarro, Ismael Sánchez, Salvador Alegre, José Artemio Prituluk, Alejandro Manuel Pavela, Silvia Beatriz Lipps, Antonia Mabel Toloza de Fernández, Carlos Manuel Pavela, Italo Mostachi, Adolfo José Buratovich, Nelly Mabel García de Buratovich y Ernesto Omar Nikisch.
La investigación
Este trabajo efectuado por la FIA, traducido luego en acciones de la Justicia, generó también modificaciones en leyes provinciales y distintas disposiciones para adjudicar tierras. De esta manera, algunas hectáreas dejaron de ser autorizadas por Colonización y pasaron a ser responsabilidad del Ejecutivo provincial por decreto.
La modificación de la Ley 1140 permitió introducir el artículo sobre lesividad, para recuperar las tierras, por la cual la autoridad administrativa podrá anular, revocar, modificar o sustituir de oficio sus propias resoluciones para que -previo dictamen jurídico y con intervención y conformidad de Fiscalía de Estado- la administración tome la determinación de declarar la lesividad por razones de ilegitimidad.
Además está catalogada como ilegal la transferencia de un inmueble hasta diez años después de efectuada la escritura traslativa de dominio, debiendo inscribirse esta restricción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
