Dos casos de usurpaciones de viviendas pusieron en alerta a las autoridades provinciales. Uno se dio en Margarita Belén, donde una familia ocupó una casa entregada recientemente; el otro se dio en Castelli, donde 21 mujeres tomaron la determinación de ingresar a una vivienda “ante la falta de respuestas de los gobernantes”. En Margarita Belén, la familia devolvió la casa tomada, con el compromiso del gobierno de darle una solución «pronta».
“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Con este párrafo, la Constitución Nacional Argentina establece la obligatoriedad del estado nacional del acceso a la vivienda digna a todo habitante del país.
Asimismo, el art. 35 de la Constitución Provincial establece que “El Estado protege integralmente a la familia y le asegura las condiciones necesarias para su constitución regular, su unidad, su afianzamiento, el acceso a la vivienda digna y al bien de familia”.
Las dos normas madres establecen que los chaqueños deben acceder a la vivienda digna, algo no muy arraigado en el común de la gente pero que sí lo tienen presente las clases más necesitadas de auxilio del estado. Claro, exponerlo es complejo habida cuenta que esta medida despierta resquemor incluso en gran parte de la comunidad que no ve con buenos ojos “que el estado les facilite todo”.
Pero, a pesar de lo que el resto de los habitantes digan, todos los argentinos tenemos derecho a acceder a la vivienda digna. Y es el estado quien debe garantizar esto. Y cada uno de los que se postula para un cargo está en conocimiento de este deber.
USURPADORES
En esta sintonía, los recientes casos de usurpaciones generaron alarmas en funcionarios provinciales y también en municipales, ya que la comunidad hace un tiempo se muestra reticente a ser vulnerados en sus derechos, y hay situaciones que no dejan pasar.
En esto debe diferenciarse lo que pasó en Castelli, donde mujeres del MIJD decidieron ocupar las viviendas antes de ser entregadas, alegando falta de respuestas a sus necesidades.
El otro caso, menor en cantidad pero no en el fondo, se dio en Margarita Belén, donde una familia ocupó una casa entregada recientemente, pero al hijo de un alto funcionario municipal. Antes de esta toma, vecinos indignados denunciaron que la entrega estuvo viciada de irregularidades, donde no se sortearon las mismas y se entregaron a “hijos de”.
El Ipduv salió a desmentir esto, pero por lo general los organismos públicos no dicen la verdad, lo que lleva a creer que los vecinos indignados dicen la verdad.
SIN VIVIENDAS
Lo que es una realidad es que la entrega de viviendas se frenó. Hoy el único frente de conflicto el gobernador lo tiene en el IPDUV, donde desde hace al menos un mes un grupo de personas acampa buscando respuestas a sus reclamos.
Justificar las usurpaciones sería negligente, algo que se busca evitar desde esta columna, claro está; pero el árbol no debe tapar el bosque, y la realidad marca que la entrega de viviendas “por acomodo” existe; que las irregularidades están a la orden del día y que todo este accionar malicioso termina perjudicando a quienes menos tienen y más necesitan del organismo y del Estado.
Asimismo, es necesario recordar que en Resistencia, prácticamente en los últimos ocho años no hubo sorteo de viviendas; el único que se hizo fueron las casas del Parque
Caraguatá, donde funcionarios aseguraron que en marzo iban a entregarse las 600 viviendas sorteadas, pero a la fecha se entregaron… 0. Sí se entregaron muchas viviendas pero con operatorias diferentes, donde generalmente el beneficiario se aseguraba la casa con la compra del terreno. Es decir, nuevamente la clase baja estuvo excluida.
Como colofón, es necesario recordar que el número de familias que necesitan viviendas crece día a día, y que el Estado debe buscar las herramientas para dar respuestas a estas necesidades. No lo dicen cuatro gatos locos; lo dice la Constitución Nacional, y por si no les alcanza, también la Provincial.
