Esta semana se llevó a cabo una reunión de mediación entre el gobierno provincial, la defensoría del Pueblo, funcionarios municipales de Resistencia y productores de la zona sur, por un derrame que afecta los campos ubicados por avenida Urquiza al 5.000, el cual causa graves pérdidas en la flora y fauna próxima a las parcelas donde se ejecutan las obras del Plan Director de Cloacas del Área Metropolitana del Gran Resistencia.
El ombudsman adelantó que se pedirán informes a las empresas que trabajan en el lugar por el incumplimiento de un convenio firmado con la Administración Provincial del Agua (APA) y aseguró que se acelerarán los mecanismos para buscar urgente una solución a este grave problema ambiental.
En la reunión estuvieron presentes los productores Sergio López, Carlos Toledo, Rubén Dellamea, Alberto Ifrán, Rubén Sánchez, Marcelo Repeto, Amalia Lagerheim y María Luisa Zurlo, además de Ramón Vargas, de la Fundación Encuentro por la Vida; la subsecretaria de Ambiente de la Provincia, Claudia Terenghi junto a sus asesores y el secretario de Ambiente de la Municipalidad de Resistencia, Luis Casas.
El drama de las familias afectadas
Los productores manifestaron estar “muy preocupados por el derrame de agua con altos contenidos de sales que resulta tóxico para el ambiente. Observamos que un área de 4 kilómetros quedó totalmente devastada”, detallaron en conjunto.
Ramón Vargas, de la Fundación Encuentro por la Vida, agregó que en las muestras de agua recolectadas en el lugar, se detectó en superficie un nivel de salinidad superior a lo que se registra en el agua de mar. Explicó que en el estudio de impacto ambiental de la obra no se contemplaban cimientos tan profundos para la depresión de la napa en una zona que además se encuentra protegida como sitio Ramsar. “Quemó todo lo que quedó por delante”, remató otro de los productores presentes al describir el efecto del derrame.
En esa línea, indicaron que “las variedades de pasto, juncos y camalotes quedaron totalmente secos. También afectó a los árboles, palmeras y el ganado. Los animales comenzaron a llagarse, pelarse y una parte murió”. “Esto puede seguir destruyendo campos productivos como también afectar la salud de la población”, relataron.
El informe de APA
Inmediatamente la Defensoría del Pueblo solicitó un informe a APA sobre detalles técnicos y el convenio firmado. En el mismo el organismo explica que en el análisis de las cavas de la obra se detectó que en casos de lluvias se desbordan y tiran líquidos con sales a la superficie. Además especifican que los resultados del estudio hecho al efluente arrojan valores altos en sodio y sulfato. Por ello se considera que la infracción fue desconocer el Código de Aguas (Ley 3.230).
En esa línea, los propietarios de las chacras afectadas firmaron el 13 de mayo un Acta Acuerdo con autoridades de APA, en la cual la unión transitoria de empresas (UTE) -conformadas por Panedile Argentina S.A., Rovella Carranza S.A. y Coarco S.A.- que ejecuta la obra, se comprometió a tratar el agua y realizar canaletas para derivar el líquido de las cavas al Canal 16 y de esta manera evitar que continúen los derrames y daños. También prometieron alambrar los campos donde irrumpieron con las excavaciones y abastecer de alimentos al ganado de los pequeños productores afectados.
APA informó que pidió la urgente remediación del daño y detalló que se ordenó un monitoreo para realizar el seguimiento del vuelco. Además, el organismo señaló que aprobó el proyecto presentado como alternativa para la evacuación de efluentes de la depresión de la napa.
Sin embargo tras establecer contacto con los productores después de un mes, la UTE no cumple aún con el convenio. Según explicó a APA el ingeniero Marcelo Grasso como representante de las empresas, “se realizó un relevamiento del ganado afectado a través de la Responsable Social y los presupuestos están en trámite para la compra del mismo”.
Sin embargo una de las productoras afectadas remarcó en la reunión con los defensores que “no solo no se cumplió con ninguno de los puntos del acuerdo, sino que siguen derramando, produciéndose daños irreparables”.
Ante esas declaraciones, Corregido indicó que la Defensoría del Pueblo librará los oficios correspondientes, a los fines de solicitar a las empresas y al gobierno provincial el cumplimiento del acta compromiso suscripto y reparación de los daños ocasionados a los productores.
