Juan José Bergia(Presidente), Susana Aguilar (Tesorera) y Mirko Nicolich (Secretario General), en nombre del Nepar, emitieron un comunicado donde destacan la importancia de la devolución de este porcentaje de coparticipación para el crecimiento de la provincia.
Desde nuestro partido, el Nuevo Espacio de Participación (NEPAR) queremos pronunciarnos sobre un tema que resulta de suma importancia para la provincia, que hace a la historia misma de su vida institucional y que constituye un capítulo que debe necesariamente ser cerrado, tanto por los casi 24 años que lleva latente, como por la significativa reivindicación que representaría, tanto histórica como económicamente; hablamos de la devolución del 15% de la masa coparticipable por parte de la nación; y asimismo referirnos a una serie de cuestiones y pronunciamientos que desde sectores opositores se vertieron públicamente con la finalidad de generar desconcierto en la sociedad.
Hagamos un poco de historia. La detracción del 15% de la masa coparticipable se materializó a través del denominado “pacto fiscal” instrumentado en el marco del Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, suscripto por el entonces Gobernador Rolando Tauguinas, con la finalidad de que lo retenido se usaría para financiamiento de las obligaciones previsionales nacionales. El 12 de agosto de 1992 Tauguinas prorrogó los efectos del acuerdo a través del decreto 1907/93. En el mes de septiembre del año 1992 se aprobó la Ley Nacional Nº 24.130 la cual dotó de rango legal al citado acuerdo. En fecha 17 de noviembre del año 2000 dicho acuerdo volvió a prorrogarse a través de lo que se denominó “Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal”, suscripto con Nación por el entonces Gobernador Angel Rozas. La Ley 24.130 se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2012 mediante la sanción de la Ley Nacional Nº 25.400; y finalmente, el 22 de diciembre del año 2005 el acuerdo se prorrogó nuevamente mediante el artículo 76 de la Ley Nacional Nº 26.078.
Ahora bien, estamos ante una cuestión que a lo largo de más de dos décadas resultó transversal a gobiernos de distinto color político pero que necesariamente debe resolverse a la luz de lo que implica desde el punto de vista económico para la provincia, y que lejos de ser atribuible a una gestión en particular, se ha mantenido tanto en épocas de gobiernos nacionales justicialistas como radicales, hasta el día de hoy con Macri en la Presidencia; como también en la provincia en la cual desde la Gobernación de Tauguinas, pasando por Rozas, y gobiernos justicialistas, hasta el día de hoy, subsiste la problemática; razón por la cual, lejos de pretender ponerle un rostro y un nombre a la responsabilidad respecto de la falta de resolución del problema del 15% retenido de coparticipación, creemos desde nuestro espacio que es momento de acercar posiciones a los fines de avanzar en tamaña reparación histórica y económica, asumir entre todos el rol que nos toca y perseguir lo mejor para la ciudadanía chaqueña, sin cargar tintas sobre nadie en particular pero teniendo presente que esto no es un problema que date de ayer, sino de más de 24 años de gobernantes, dirigentes y actores no sólo que dejaron de plantear una resolución del problema, sino que acompañaron la decisión de prorrogar los efectos del acuerdo por el que se privare de ese famoso 15% de coparticipación al Chaco, un porcentaje del que muchos hablan pero del que pocos entienden.
Por ello, no está en el ánimo de la actual gestión provincial politizar el tema, tratar de buscar rédito, ni culpables, como parecen pretender desde determinados sectores de la oposición en la provincia. Fueron cinco los presidentes que pasaron y el problema subsistió; cinco los gobernadores chaqueños, y el problema necesita resolverse.
Cuando desde la oposición se refieren a esos “mil millones” no hacen más que intentar mediante la reiteración de números que dichos de esa manera parecen una friolera de divisas, banalizar la importancia y seriedad que reviste la presentación por parte del Ministerio de Hacienda de la Provincia de un pormenorizado informe sobre la ejecución de obras correspondientes a electrificación rural en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y fondos del Tesoro Provincial conforme lo autorizaren las Leyes Provinciales Nº 7350 y 7424, las cuales habilitaron la toma de empréstitos por un total de 98 millones de dólares, como también el establecimiento de una comisión de seguimiento integrada por un diputado de cada bloque legislativo, hasta la fecha, aún no integrada. Por ello, no puede el Diputado Peche referirse con tanta liviandad sobre un tema que resulta de suma importancia, que vendrá a constituir inversión en la provincia y soluciones para miles de chaqueños, como lo hace cuando se refiere también a esos “100 millones del PROSAP aprobados y de los que nadie sabe qué pasó”, sobre lo cual el Ministro de Economía de la Provincia oportunamente explicó que el Poder Ejecutivo no tomó los 98 millones de dólares autorizados sino solamente 22 millones (que representan un 21,56% del total autorizado) destinados a la ejecución de la segunda fase de las obras correspondientes a electrificación rural, utilizándose el resto de lo autorizado según se pueda disponer de esos fondos en la medida de que se vayan cerrando nuevos acuerdos de préstamos.
Ahora bien, cuando el legislador de “Cambiemos” se refiere a los “2700 millones para el acueducto” de más está señalar el marcado avance que evidencia la obra, la cual, de no existir, tornaría imposible obtener las prórrogas de los plazos de ejecución por ante Nación para la continuidad de la obra, continuidad que se confirmará próximamente con la visita a la provincia del Ministro Rogelio Frigerio quien suscribiría la adenda de prórroga a instancias del ENHOSA, que constituye el organismo de control nacional.
Respecto de los 4000 millones de los que habla, difícilmente pueda decirse algo, toda vez que constituyen divisas que aún no ingresaron a la provincia, sencillamente porque las tratativas para su obtención aún se encuentran en curso.
En cuanto a la transparencia y austeridad de la actual gestión de gobierno, debe señalarse en primer término que nos encontramos atravesando y afrontando estoicamente una de las peores crisis fiscales de las que se tenga registro en los últimos 16 años (sólo comparable con la del año 2000, en términos de recesión), época en la cual, y precisamente por la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal idénticas a las actuales, nos llevaron a los momentos más tristes de la historia argentina en materia de pobreza, exclusión y desigualdad. Es por ello, que entre otras medidas, el Gobernador suscribió, por ejemplo, el Decreto Nº 910/16 a fin de reformular erogaciones al nivel de recursos disponibles en la coyuntura a la que nos toca hacer frente, dando prioridad a los servicios esenciales que requiere la ciudadanía.
Por último, corresponde señalar que es real que la Provincia reciba desde el inicio de la actual gestión aproximadamente 400 millones para afrontar la demanda salarial, y ello fue reconocido al Gobierno Nacional como un importante aporte a dicho fin, pero más aún como una obligación para con el sostenimiento de las economías familiares de los trabajadores de la provincia, sin dejar de mencionar, claro está, que dicho aporte financiero viene ejecutándose desde el año 2015, con un contexto fiscal muy distinto al actual, pero que desde entonces y de manera continua ha constituido un apoyo a la gestión provincial como mecanismo de financiamiento transitorio, puesto que en rigor de verdad, la Nación lo otorga a la provincia los primeros días del mes y los descuenta (recupera) íntegramente dentro del mismo mes, razón por la cual no resulta acumulativo, sino que es el mismo anticipo mes a mes.
Creemos que es tiempo de dialogar, de buscar entre todos lo mejor para la provincia, no es tiempo de criticar gratuitamente sino de realizar aportes que nos ayuden a encontrar alternativas de solución a un momento sumamente difícil; por ello, bregamos por el acercamiento de posiciones, la calidad institucional y poner por encima de todo el bienestar de la gente sin pretender obtener rédito político alguno en base a críticas que además de injustificadas, resultan inútiles.-
