La principal fuente laboral de Salvador Mazza era la carga y descarga de camiones y el traspaso de mercaderías por el puente internacional de la localidad. Desde diciembre pasado, esa actividad cayó en un 60%, según registros de Rentas del municipio fronterizo.
Disposiciones aduaneras y fiscales terminaron por quebrar la frágil cadena comercial entre Salvador Mazza y San José de Pocitos (Bolivia) y dejaron a la deriva a cerca de dos mil pobladores de ambas localidades, que ahora son tentados por las organizaciones criminales para el transporte de droga.
La operación para pasar la carga de un camión con harina por la frontera, por caso, requiere de unas 40 personas. Con trabajo a pleno, cada pasador se lleva entre 600 y 800 pesos por día.
«Tenemos dos opciones de trabajo: el traspaso de mercaderías o el tráfico de drogas», dijo un pasador.
Las bandas delictivas encontraron, también, mano de obra en las comunidades indígenas del Chaco salteño, donde confluyen los límites de Paraguay, Bolivia y Argentina. «Las fuerzas de seguridad no se meten con los aborígenes; por eso los narcos los eligen», sostuvo un poblador chaqueño en una recorrida que hizo «El Tribuno» por la zona.
Fuentes federales y testimonios de vecinos del lugar dan cuenta que en los últimos meses se incrementó el tráfico hormiga de cocaína y marihuana por las incontables picadas que atraviesan esa franja fronteriza.
Además de trasladar droga, los originarios son captados para alertar sobre operativos de Gendarmería y almacenar los estupefacientes hasta que se relajan los controles y las cargas puedan seguir su curso.
«La drástica merma de nuestros ingresos es vilmente aprovechada por las bandas de narcos, que sacan réditos con sus negocios de muerte», señaló un referente de la Asociación de Bagayeros del Gran Chaco.
Fuente: El Tribuno.-
