Tras la visita de John Kerry, secretario de Estado del país norteamericano, el Gobierno Nacional anunció la decisión de adquirir naves para controles de frontera y luchar contra el delito del tráfico de estupefacientes.
Los aviones en cuestión son, en total, 24 y se trata de los modelos T6-C Texan II fabricados en Estados Unidos. Los mismos se utilizarán en todo el norte del país y servirán para el control de las fronteras y combatir al narcotráfico.
Cabe destacar, además, que el Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobó en los últimos días la transacción, hecho que fue comunicado por el mandatario norteamericano en su visita a la Argentina.
Costo
En lo que respecta al dinero que deberá gastar el país en la compra, se pudo saber que serán alrededor de 300 millones de dólares, en principio, los que recibirá Estados Unidos por los 24 aviones. Aunque podría conseguirse un financiamiento especial cuando el Gobierno Nacional negocie directamente con Beechcraft Defense Company, la empresa fabricante.
Desde la gestión Obama consideran que este acuerdo comercial servirá «para fortalecer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la Argentina». Ambos gobiernos tejieron una alianza estratégica de cooperación, que continúa profundizándose desde que el presidente norteamericano tuvo la cumbre con Macri en Buenos Aires en marzo pasado, según publicó el diario La Nación en las últimas horas.
«Derrotar al narcotráfico»
Con el rearme militar, el gobierno nacional ratifica su voluntad de darle protagonismo a las FF.AA. en su gestión, como se comprometió el propio presidente Macri últimamente en sus reuniones con la cúpula del Ejército.
«En esta nueva que hemos iniciado nos propusimos alcanzar la pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. En estas tres premisas las Fuerzas Armadas jugarán un rol preponderante y participativo», expresó el mandatario en una cena con la Armada, la Fuerza Aérea y la Marina.
La postura de que las FF.AA. colaboren en el combate contra el crimen organizado despierta el rechazo en parte de la oposición, ya que se trataría de una intromisión del estamento militar en asuntos de seguridad interior, una atribución que está prohibida por la ley.
