Sergio Casalboni, envuelto en una polémica por la determinación de pagar 500.000 pesos a un grupo musical para que actúe en la Estudiantina, denunció “nuevos hechos vandálicos por parte del Movimiento 25 de Mayo liderado por Armando Centurión”. Sostuvo que existió un “violento ingreso a dependencias municipales en el que causaron destrozos”. Y aseguró que “algo muy raro pasa en Quitilipi, donde la justicia no actúa y no hace lo que debe hacer”.
“Hay varios hechos que llaman poderosamente la atención. Primero, siempre que el líder piquetero del movimiento 25 de mayo comete sus actos delictivos la jueza local justo no está y quien la reemplaza no se siente capacitada para actuar. Peor aún, siempre coincide estar de turno el mismo fiscal, el doctor Valero, quien en la primera oportunidad pese a que la misma policía le informo que estaban amenazando con matar al intendente y a su gabinete, que estaban con palos y armas y que ya estaba realizada la denuncia se limitó a decir que no bajaría a Quitilipi y que era solo algo político que debían resolver ellos mismos. En esta oportunidad el mismo fiscal Valero, pese a que se le informo que el gabinete estaba rodeado de manifestantes que estaban nuevamente con una violencia descontrolada y que temían por sus vidas al ver por las cámaras de seguridad como Armando Centurión, el líder piquetero junto a sus manifestantes ingresaba violentando las puertas, rompiéndolas e invadiendo dependencias municipales señalo por vía telefónica que nuevamente no vendría a hacerse cargo de la situación, que era algo político y lo más raro y vergonzoso, sugirió hablar con un funcionario político que sería quien solucionaría el conflicto”.
“Que el fiscal ante los hechos narrados y que sabía con lujo de detalles tanto por la policía como por mis asesores diga que no va a venir y no va a ordenar el desalojo del municipio por parte de los manifestantes, sabiendo que corría riesgo la integridad física de los funcionarios diga que llamemos a un funcionario es una vergüenza, una aberración y evidentemente demuestra un trasfondo político que deja en claro que para Quitilipi la justicia no existe”.
“Ante esta total falta de respuesta por parte de la justicia provincial que ya se dá en repetidas oportunidades estamos evaluando qué camino seguir ya que evidentemente en esta como en tantas otras, estamos solos”, expresó.
