Diputados del bloque Cambiemos emitieron un comunicado mostrando su molestia por la situación que atraviesan los judiciales tras la propuesta del gobierno para el pago del juicio 113.
“Respecto del anuncio efectuado por el Gobierno Provincial en cuanto a la reglamentación del pago de deuda a judiciales comprendidos en la acordada del Superior Tribunal de Justicia 858/91, diputados del Interbloque Cambiemos expresaron en un comunicado su descontento por lo que consideran “Una aberrante tergiversación de la legislación original”.
“El Decreto 2092/16 del Poder Ejecutivo desvirtúa la Ley original, se tergiversa la finalidad del endeudamiento constituyéndose lisa y llanamente en un acto inconstitucional, tiene tal flagrancia en su fin de desnaturalizar lo votado que no resiste análisis.
LOS Y NOS UTILIZARON
“La Ley de autorización para acceder a endeudamiento por $4.000 millones, tal como lo suponíamos y advertimos, fue un caballo de Troya, utilizaron a los judiciales y a nosotros los diputados para zafar del déficit atroz que tiene la provincia, es una estafa económica y moral a los casi 1.800 empleados judiciales que hace 25 años están litigando por algo que ya se les ha reconocido que es justo, y con este Decreto tendrán que esperar hasta 10 años más para cobrar”.
“Los trabajadores judiciales en particular y la ciudadanía en general deben saber que cuando se trató, y finalmente aprobó, la Ley 7782 dimos un duro debate para que se incluyera un párrafo en el que quedara claro que “…el pago de las sentencias sería en efectivo…”, por supuesto frente a nuestra condición de minoría no nos dejaron, nos respondieron que “Ya quedaba claro en la redacción que se pagaría en efectivo”. Estamos frente a una nueva estafa, una burla al pueblo del Chaco.
UNA ABERRACIÓN JURÍDICA
“Es tan impresentable que los considerandos ocupan más hojas que el propio Decreto ante la imposibilidad de justificar semejante aberración jurídica. En primer lugar el Decreto es reglamentario de la Ley N° 7.751 que declaró la emergencia económica en la Provincia justamente por el cúmulo de fallos sin cumplir, la mayoría de los cuales tienen sentencia desde 2009, hace ya 7 años”.
JURISPRUDENCIA
“El fundamento general que se esgrime es que la mera declaración de emergencia económica alcanza para incumplir los fallos judiciales. Al respecto en el caso Machuca y Diacov contra el Ministerio de Educación, un caso de 2012, nuestros propios tribunales han reconocido que más allá de cualquier declaración de emergencia económica “…y sin perjuicio de que los entes estatales se encuentran autorizados a saldar sus deudas mediante pagos fraccionados, ello no implica que se pueda dilatar irrazonablemente el cumplimiento de una sentencia…”.
“Hay más jurisprudencia a nivel nacional que está referida en ese mismo fallo que dice: “….La finalidad de la Ley de Consolidación de Deudas es paliar una efectiva situación de necesidad o emergencia pública lo que lleva a la adopción de medidas de excepción, pero haciendo la salvedad de que las mismas no deben privar a los particulares de beneficios legítimamente reconocidos ni lesionar derechos de forma tal que se desvirtúe en otras instituciones, también de orden público, como es el derecho de propiedad que implica el derecho a percibir los emolumentos producto del trabajo efectivamente realizado y reconocido….”
¿17 AÑOS EN EMERGENCIA?
“Lo que la Ley pretende es establecer un plazo, una espera en el cumplimiento de obligaciones por parte del Estado, pero debe ser razonable, temporal, a fin de significar un remedio y no una mutación del derecho adquirido. ¿O un fallo que se viene dilatando su cumplimiento desde hace 7 años, y que ahora se pretende dilatar a 10 no está desvirtuando completamente el sentido de la emergencia pública? ¿La emergencia durará 17 años?”.
NO NOS DEJARON
“Solo hay que ir a los registros taquigráficos de la sesión donde se trató la Ley N° 7.782 que autorizaba el endeudamiento por $4.000 millones que eran justamente para afrontar estos pagos. Al momento del tratamiento en particular desde nuestro bloque quisimos agregar una frase que dijera “…debiendo (los juicios) ser abonados en efectivo, cheque al día, transferencia bancaria u otros medios de pago de similar liquidez”, y el diputado Ricardo Sánchez nos pidió diciendo “No juguemos al juego de las confusiones».
“Como vemos hoy, no éramos nosotros los confundidos, no quisieron que pongamos eso porque sus fines eran los de incumplir la Ley y las sentencias. Nos mintieron y nos siguen mintiendo. Queda en evidencia que cuando pidieron el endeudamiento no era para pagar los juicios, ni para saldar deudas con municipios, ni para financiar obras para los pueblos originarios, era básicamente para cubrir el déficit monstruoso que tienen. A finales de septiembre tenían un déficit financiero de más de $1.200 millones, más otros $1.000 millones de deuda flotante, más la deuda de SECHEEP con CAMMESA, más el déficit de INSSSEP, más todo lo que no sabemos.
¿LEALTAD A QUIEN?
“Lamentamos profundamente que el gobierno provincial se conduzca en estos términos, estábamos comprometidos con poder construir una relación de trabajo conjunto, de establecer esa confianza institucional que había sido imposible durante la gestión anterior. Por estas horas los legisladores del oficialismo estarán conmemorando el día de la lealtad. La pregunta es ¿Lealtad a quién? Fueron desleales con miles de familias chaqueñas”.
