Livio Gutiérrez, referente de la bancada de Cambiemos en la Legislatura Provincial, brindó una entrevista a TN24 donde se refirió al inconveniente que atraviesan hoy los trabajadores de la justicia chaqueña que esperan cobrar el juicio del 113%. Aseguró que parte del dinero comenzó a ingresar a la provincia, coincidió con el excamarista Yurkevich en relación a la denuncia pública que éste hizo, y anticipó que los damnificados acudirán a la justicia penal por el incumplimiento de la ley 7782.
El diputado Gutiérrez contó a TN24 que “El pago debe hacerse a quienes tienen sentencia firme, está el listado de quienes deben cobrar, la ley abarca el listado individualizado de cada uno de los beneficiarios. No se está pagando porque el gobierno provincial está bicicleteando. Está demorando el pago con la intención de pagarles menos a los empleados judiciales”.
“La plata está viniendo en tramos, donde entendemos que todavía no está todo, pero sí sabemos que el dinero empezó a llegar por tramos. Lo que sí no tenemos información oficial al respecto”.
Luego se refirió a la postura que tomó el exjuez de Cámara Raúl Yurkevich, aseverando que “Lo que dijo Yurkevich -en la carta Yo Acuso, publicada por TN24 el pasado viernes- me parece una muy buena postura del tema. Coincido en gran parte con lo que él expone”.
PASOS A SEGUIR
En otro tramo de la entrevista, el legislador contó que “Desde la aprobación de la ley para acá, no cobró ningún judicial”.
Y agregó: “Nosotros pedimos una reunión al gobernador para la semana que viene, firmada por todos los legisladores. Los que pueden hacer algo de manera inmediata son ellos (los empleados judiciales), que pueden accionar penalmente contra el gobierno por incumplimiento de la ley tal cual lo plantea Yurkevich”.
“Los judiciales pueden volver a embargar las cuentas de la provincia. Existe una ley de emergencia que está declarada inconstitucional, lo planteé yo en el recinto, planteé que esa ley de la emergencia era inconstitucional, la cuestión relativa a los embargos… esa parte ya está, hay que entregarle el dinero a esa gente que los embargó. No se pueden sustituir los embargos de una cuestión judicial”.
“Cada uno de los damnificados puede accionar de manera individual contra el ministro de Economía o el Gobernador en tanto entiendan que se incumple con la ley. Como diputados podemos actuar, pero tenemos que tener certezas. Yo soy uno de los diputados que más denuncias realizó contra el gobierno, pero está claro que hasta no tener la certeza que está todo el dinero depositado y no se le paga a los judiciales, no voy a accionar. No soy temerario. Solo tenemos rumores que ingresó una parte, pero no nos podemos manejar con rumores. Lo que sí es un hecho que los empleados cuentan con el total apoyo de los diputados de la oposición”.
Finalmente, Gutiérrez invitó a revisar la versión taquigráfica de cuando se aprobó la toma de empréstito para pago a judiciales -entre otras cosas- donde claramente se ve la postura del legislador de que los juicios se paguen en pesos e inmediatamente.
La versión taquigráfica de fecha 25/04/2016 expresa:
“Señora presidenta: Nuestro bloque ha generado, en consecuencia con otras iniciativas, el proyecto 1404/16, para el que pedimos el ingreso y tratamiento para estudiarlo en la comisión -tal cual lo manifestado por la diputada preopinante-, a fin de que podamos tratar cuáles son las otras propuestas respecto del endeudamiento de este crédito público.
Así que, haciendo una muy somera síntesis, luego lo discutiremos en general y en particular, entendemos que hay que clarificar dos o tres cosas. Evidentemente, estamos en una situación
muy especial debido a que faltó, también, no sólo la previsión de los mecanismos de contralor sino de los últimos tres o cuatro años del presupuesto, porque hasta el municipio más chico de la provincia prevé -en su presupuesto- lo que son las costas o eventuales demandas judiciales.
Me parece que no estaríamos en esta situación tan compleja hoy, si hubiéramos empezado a pagar presupuestariamente 200 ó 300 millones de pesos en los años 2014, 2015 y 2016; de hecho, hoy para las provincias pagar 200 millones de pesos, equivale al 10 por ciento de los ingresos coparticipables de un solo mes, y estoy hablando de todo un año.
Entonces, aclaremos primero que hubo falta de previsibilidad; quizá hay cuestiones que no conocemos bien, de por qué explotó cuando tuvo que hacerlo, esta situación que hoy complica la caja de todos los chaqueños.
También hay que hablar de dos o tres cosas que entiendo que tenemos que tener garantías constitucionales.
La primera de las cuestiones es el artículo 63, porque una de las diferencias que tiene nuestro proyecto –el 1404/16- con el del oficialismo es que es muy claro: con determinación concreta del objetivo de la operación. Es decir que la ley, para que tenga eventualidad constitucional, tiene que tener objetivos la operación y tiene que decirlos. Por eso nosotros dividimos; en uno de los artículos poner hasta 1.800 millones para el Poder Judicial; otros hasta 150 millones para las sentencias eventuales del Tribunal de Cuentas, que están en una situación parecida: con sentencias firmes, y afrontar el pago correspondiente a deudas del Estado provincial con los municipios hasta 200 millones de pesos.
De esta forma estamos cumpliendo el mandato constitucional, que exige decir qué objetivos van a tener los bienes o el crédito que se va a tomar; en el caso de que englobemos en una sola cifra de dos mil y pico de millones, no estaríamos cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 63.
Para poder seguir avanzando con la Constitución y esta ley, lo que tenemos que decir es que nuestro bloque ha mantenido desde un principio que en todo lo que tenga que ver con deudas con el sector judicial y con cuestiones judiciales del Tribunal de Cuentas tenemos que cumplir
con la Constitución. Por lo cual queremos que esto se pague en pesos.
Y nuestro proyecto contiene, precisamente, que todo lo que tenga que ver con deudas judiciales y sentencias firmes se pague en pesos y en un todo de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, que dice: “La ley no podrá disponer quitas, esperas, remisión o pagos que no fueren con moneda de curso legal, de deudas por daños a la vida, la salud o la moral de las personas, indemnizaciones por expropiación y remuneraciones de sus agentes y funcionarios”.En este caso, estamos hablando de remuneraciones de agentes y funcionarios como lo son los empleados del Poder Judicial o del Tribunal de Cuentas.
Por eso mismo, señora presidenta, y haciendo un análisis de la pirámide de Kelsen, partiendo de la Constitución, matricialmente, el tercer inciso del artículo 76 y el 63 de la Constitución que exige que estén los objetivos con la ley, vamos a discutir este empréstito de los cuatro mil millones en tanto y en cuanto podamos dar nuestra opinión y garantías a quienes han confiado en endeudar la provincia. Porque más allá de que cuando uno habla de que estamos facultados para endeudarnos en 8 mil, 10 mil o 20 mil millones, a la gente hay que decirle que nos vamos a endeudar por dos meses.
¿Qué quiero decir con esto? Que la provincia recibe 2.000 millones y vamos a endeudarnos dos meses; es decir, vamos a restar dos meses de nuestros próximos ejercicios financieros de esta actual gestión.
Por eso, esto exige un debate claro y conciso, con el respeto al mecanismo constitucional que prevé. Por estos fundamentos, pedimos el agregado de este proyecto a la discusión.
