Se auditaron todos los tribunales federales del país para conocer los expedientes por delitos contra la administración pública nacional que se iniciaron en los últimos 20 años. El Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación presentará un primer informe.
Se trata de la auditoría que el Consejo de la Magistratura de la Nación realizó en todos los tribunales federales del país para conocer el estado de las causas de corrupción de los últimos 20 años.
El presidente del Consejo, el abogado Miguel Piedecasas, tiene previsto informar en el plenario del organismo que se realizará este mediodía los primeros resultados macros de ese trabajo que se llevó a cabo durante los últimos cinco meses, informaron a Infobae fuentes judiciales.
El primer resultado que se espera es de la cantidad de causas por corrupción que hay en trámite y en segundo lugar cuantas ya han sido archivadas. En rigor, el cuerpo tiene por el momento estadísticas gruesas porque todavía no se procesó la información de todas las planillas que llegaron de todas las Cámaras Federales del país, le dijeron a este medio los funcionarios que trabajan en el caso.
El próximo paso será deshilvanar toda la información y determinar si algún juez cometió mal desempeño en el trámite de alguna causa por corrupción.
Esa fue la alarma que se prendió de inmediato en Comodoro Py. «El Poder Ejecutivo es consciente y la sociedad está demandando un cambio, sobre todo en la justicia penal. Tenemos que hacer una auditoria con responsabilidad y mesura para que no sea una caza de brujas. Pero seremos los primeros en pedir el juicio político y la destitución de los jueces que se apartaron de la ley», dijo Juan Mahiques, el representante del gobierno de Mauricio Macri en el Consejo, el día que el organismo aprobó la auditoría.
El Consejo aprobó el 30 de junio pasado por unanimidad la resolución 342 por la cual ordenó una auditoria sobre todos los juzgados, cámaras y tribunales orales federales del país para conocer el estado de las causas que se iniciaron desde 1996 a la actualidad sobre delitos contra la administración pública nacional, es decir hechos de corrupción.
Si bien el trabajo fue sobre los tribunales de todo el país, el objetivo principal eran los jueces de Comodoro Py, los más renombrados para la gente –Claudio Bonadio, María Servini de Cubría, Ariel Lijo, Sebastián Casanello– y quienes llevan las causas de corrupción contra los funcionarios nacionales.
La auditoría se aprobó en un momento especial: Comodoro Py vivía un momento de auge con las detenciones del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y del empresario Lázaro Báez, con las citaciones a la ex presidente Cristina Kirchner y las multi indagatorias al ex ministro y actual diputado Julio De Vido.
Durante la auditoría, cada tribunal completó una planilla con las causas por corrupción en trámite (cuando se inición, las citaciones a indagatoria, si hubo procesamientos o si estado actual) y las que ya se cerraron (cuando se cerró y de qué modo, qué delitos se investigaron).
Todas las planillas se terminaron de recolectar a fin de noviembre y todavía se está sistematizando y cruzando la información. Ese trabajo está a cargo del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, presidido por Pedro Meydac, un hombre de confianza del radical Ernesto Sanz.
Si bien el trabajo estadístico no está completo, uno de los temas que está en el orden del día del plenario es la presentación de un informe con los primeros resultados de la auditoría.
También algunos consejeros propondrán que las planillas de todos los tribunales sean de acceso público a través de su publicación en la página web del organismo, para lo cual se requiere la aprobación del cuerpo porque el trabajo tiene el status de confidencial.
