Lo hizo el Colegio de Abogados en un comunicado reciente, con la firma de su presidente Diego Gutierrez. Consideran que es necesario un agravante en casos de asesinato a personas que tengan una profesión que implique actividades socialmente relevantes.
Tras el asesinato de Rito Gimenez, el abogado que recibió disparos de armas de fuego durante una celebración por el día del Guachito Gil, salió un comunicado firmado por Diego Gutierrez, quien es el presidente del colegio que nuclea a dichos profesionales.
En el documento, que fue enviado a medios de comunicación y difundido por redes sociales, Gutierrez anunció que desde la entidad confeccionarán un proyecto de ley para agravar las penas a quienes maten a personas que cunplan o se desempeñen en alguna profesión y/o actividad de relevancia social.
Además, el presidente del Colegio de Abogados sostiene que solo con el trabajo en conjunto de civiles, las instituciones y el Estado se podrá lograr una realidad diferente a la que se vive actualmente, cargada de violencia e inseguridad.
“El terrible suceso, qué en este caso en particular afecta a un profesional del Derecho, que en resumidas cuentas no es más que otro ciudadano ejerciendo su digna profesión, aumenta la ominosa cuenta de víctimas de la situación actual, y ante ello no queda más que la reflexión por un lado y la acción concreta para erradicar este mal en todas sus formas”, expresó Gutierrez dando incio a un largo escrito.
Sobre el punto central de la cuestión, el documento agrega que “luego de recientes episodios similares donde se ha perdido la vida de un profesional como el de Tito González en un local céntrico de Corrientes, acciones replicadas en el ámbito local y nacional, y ante la insuficiencia de simples declaraciones públicas que hemos realizado acusando una rápida justicia, elaboraremos un proyecto de ley, incorporando entre las agravantes de homicidio, la circunstancia de haberse cometido contra un profesional en ejercicio o con ocasión de su ministerio”.
En ese sentido, Gutierrez detalla otros casos en los que se considera agravante el delito contra algún sector de la sociedad o ciudadanos en particular. “Actualmente encontramos entre las agravantes del art. 80, inciso 8°, la figura agravada del homicidio cuando se cometiera contra algún miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.601 B.O.11/6/2002) Lo propuesto no reviste novedad, puesto que si se revisan los antecedentes legislativos sobre el tema, encontramos que ya se ha incorporado la figura de los profesionales como sujeto pasivo de la figura propuesta. La calificación se encuentra referida al mayor riesgo que corren ciertas personas en razón de su profesión y la mayor alarma social que similares argumentos que se emplea cuando el ataque haya tenido lugar con motivo o en ocasión del ejercicio de las funciones inherentes al cargo o por desempeñar un acto de servicio como integrante de las fuerzas de seguridad”, afirmó.
Penas más fuertes para preservar la vida
Gutierrez creyó necesario dejar a la vista de la gente cuál es el objetivo que tienen desde el Colegio de Abogados: “nuestro objetivo es preservar mediante el refuerzo de la pena, la vida de los profesionales que encarnan mediante su ejercicio actividades que son socialmente relevantes. Lo que se intenta proteger con este tipo de norma es, en realidad el bien jurídico es la vida de un integrante de distintas profesiones en virtud de los actos funcionales o de su cargo o condición de tales, sin que ello pretenda ser un privilegio de clase o casta. Pues bien, no encontramos al asesinato de un agente de seguridad o de las fuerzas públicas, tan alejado del homicidio de un abogado, médico, ingeniero, etc. sea por su calidad de tal, sea por diferencias en los resultados del ejercicio profesional”.
Por último anunció que, una vez comenzado el período ordinario de sesiones en la Legislatura, presentarán el proyecto “en la esperanza de que tal proyecto pueda ser acompañado por la firma de otros colegios y consejos profesionales, de cualquier profesión, habremos de presentar dicho proyecto a diputados de la nación, a fin de que evalúen darle estado parlamentario a partir del inicio de periodo ordinario de sesiones”.
