La Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco participó en la Audiencia Pública del Transporte Urbano de Pasajeros a través de la representanción del ingeniero Daniel Retamozo, miembro del organismo que dirige el ombudsman, Gustavo Corregido. En la convocatoria, se resaltó la necesidad de una ley sobre los estudios de costos que unifique la metodología de cálculo.
En su participación durante el debate, Retamozo resaltó la ausencia de cambios en la metodología del cálculo de costos desde el año 2013 y remarcó que es necesaria una ley que unifique los criterios. El ingeniero redunda en el hecho que exista una multiplicidad de estudios de costos posibles y cuyos resultados sean disímiles, tal como ocurre con los costos elaborados por los empresarios y el gobierno de la provincia.
El representante de la Defensoría del Pueblo también recordó que en una reciente reunión entre Corregido y la presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, el ombudsman recomendó que se trate en la legislatura la actualización de la iniciativa que fuera presentada en el año 2013 para que la provincia adhiera a la normativa nacional con la que se realiza el cálculo de las tarifas del transporte público. Ello conllevaría a que la provincia del Chaco calculara los costos de la tarifa del transporte público a través de la Resolución E 107/2017 del Ministerio de Transporte de la Nación.
La mencionada audiencia pública fue convocada por la Subsecretaría de Transporte de la Provincia del Chaco conjuntamente con la Municipalidad de Resistencia, a cuyo efecto ambas jurisdicciones suscribieron un convenio.
Encabezada por el subsecretario de Transporte de la Provincia, Roberto Medina, también estuvieron los funcionarios municipales Fabricio Bolatti y Mariano Brahim.
Medina explicó algunos detalles de la estructura de los costos del transporte indicando que los montos se calculan en principio sin I.V.A. y que este impuesto es agregado al final. El funcionario provincial destacó que el costo real del transporte es superior a los nueve pesos pero que merced de un esfuerzo del gobierno – a través de un aporte extraordinario- se consiguió bajar la tarifa a los $8,54 propuestos.
Por el lado de la CETACH, los empresarios presentaron un powerpint donde se compararon los resultados de los costos elaborados por la Cámara de empresarios del transporte y los obtenidos por las autoridades provinciales. La entidad empresaria indicó que en su estudio el costo final para la tarifa del transporte público es de $12,62.
El reclamo de los usuarios y del defensor
Entre los concejales presentes en la audiencia y los usuarios y asociaciones civiles que asistieron, se reclamó por la mala calidad del transporte público, pidiendo que se contemplen acciones urgentes para mejorarla.
En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo también se insiste en el reclamo. Desde el 2015 se litiga por este tema. Corregido presentó ese año ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo dos mandamientos de ejecución para pedir a la Justicia que haga cumplir las leyes para mejorar el servicio: entre ellas la Ley 22.431 y el artículo 47 de la Carta Orgánica Municipal que ordena a las empresas de transporte público contar con unidades adaptadas para las personas con discapacidad y con barreras y rampas de accesibilidad.
