Mediante un comunicado enviado a los medios por los presidentes de los Colegios de Abogados del Chaco, se puso de manifiesto que la mayor parte de los colegios que nuclean a profesionales de la abogacía se manifiestan en claro desacuerdo con la colegiación compulsiva de la matricula a nivel nacional, la cual quieren colocar en manos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
Las entidades manifestaron su “profunda preocupación por el inminente tratamiento del proyecto en sesión conjunta (plenario) el próximo martes 27 de junio de dos comisiones del senado, la de justicia y asuntos penales y la de Hacienda y Presupuesto, convocando a manifestarse por todos los medios disponibles, a efectos de que no se convierta el ley este gravámen innecesario, que solo busca hacer caja para una institución privada”.
“Recordemos que el referido proyecto, desde comienzo de año tuvo media sanción de Diputados de forma intempestiva, y sin un adecuado tratamiento ni consulta a los colegios involucrados de todo el país, a pesar de tratarse de un nuevo impuesto, esta vez, en cabeza de los abogados de la matrícula federal”.
Los presidentes de los colegios de abogados de Resistencia (Dr. Diego Sebastián Gutiérrez), de Sáenz Peña (Dr. Edgardo Reguera), de Villa Ángela (Dr. Carlos Pignata) de San Martín, (Dr. Miguel Feldmann) y de abogados del Norte –Castelli- (Dr.Oscar Trojan) manifestaron que los colegios por ellos dirigidos se encuentran en “contra del manejo de la matrícula federal por parte de de la FACA, por considerar que es una medida innecesaria que no traería mayores beneficios que los que hoy aporta el manejo de las Cámaras Federales”.
Por su parte, el Dr. Edgardo Reguera, de Sáenz Peña, precisó que: “nos quieren hacer creer que los abogados del Chaco están todos nucleados en un par de instituciones que se congratulan por la media sanción del proyecto que le concede a FACA el manejo de la matrícula federal y el cobro de un bono por interponer cada juicio federal que realicen los abogados. Nada se aleja mas de la verdad. En el Chaco, la ley 7524 de ejercicio de la profesión de abogados, reconoce a siete instituciones, de las cuales cinco estamos en contra del cobro de suma alguna de dinero para ejercer la matricula en la justicia federal” sentenció.
Sobre el tema el Dr. Diego Gutiérrez, presidente del Colegio de Resistencia, manifestó que la medida apuntada “implica ni mas ni menos que una clara privatización de la matrícula federal. Ello por cuanto se pretende entregar el manejo del control a la FACA, una entidad de segundo grado, es decir, no pública, una simplemente civil, el control de la matrícula federal de todo el país. Naturalmente, ello tendría todas las desventajas de una privatización, es decir, el encarecimiento de la justicia federal a costa del bolsillo de los colegas, sin que al mismo tiempo los abogados veamos alguna mejoría en un servicio que dista de ser el mejor. En nuestro país las privatizaciones no han demostrado ser el príncipe azul que prometían ser” explicó.
En tal sentido recordó que “En la justicia federal se están proveyendo escritos cada seis a ocho meses, con suerte. Los problemas en la justicia federal no se resuelven con regalarle a una entidad privada una caja que se solventará con los aportes de los colegas, disfrazado con el cobro de un “bono”, que, de el ley sería cobrado a los abogados que presenten juicios en la justicia federal, disfraza una exacción encubierta a los profesionales que hoy se encuentran ejerciendo la práctica profesional…” graficó.
“No entendemos cómo pueden afirmar que esta medida no crearía mayor burocracia ni impediría el acceso a la justicia, cuando implica un impuesto no establecido hasta la fecha, que deberán abonarlo todos los abogados cada vez que inicien una causa en la justicia federal. A ello habría que agregar que si los profesionales trasladaran dicho impuesto a los justiciables, se estaría encareciendo para los mismos el acceso a la justicia, sin que nadie explique adecuadamente cual sería el beneficio. Una abogacía organizada en el plano federal? Nos preguntamos, porqué no se preocupan los legisladores en organizar primero el servicio de justicia, que constituye el deber constitucionalmente asignado al Estado, en vez de darle a una simple asociación privada una caja millonaria” explicó Gutierrez.
Agregó que “la concesión del manejo de la matrícula -de cualquier profesión- implica la cesión de lo que se conoce como ¨poder de policía”, en virtud del cual el Estado entrega a determinados organismos –que así lo solicitan- la administración de su matrícula. Esta delegación supone el uso de facultades reservadas por las provincias.”
En cuanto al manejo de la matrícula por la FACA, se manifestó no se debe festejar el pago de un servicio que hoy resulta ser gratuito y manejado sin dificultad alguna por todas las Cámaras Federales del país. Nuestra historia demuestra que cuando algo funciona bien y se crean estructuras para controlarlo y cobrar por el control, es que existe alguna finalidad oculta, o al menos, veladamente recaudatoria”.
Gutierrez además recordó que “Hace dos años se implementó en nuestra provincia la ley de ejercicio profesional 7524, en cuyo art. 37 reconoce a las organizaciones profesionales prexistentes a la sanción de la misma. Cuando se aprobó en diputados esta aberración normativa, la mayoría de los colegios de la provincia nos manifestamos en contra de la privatización de la justicia federal, así como siempre luchamos para eliminar la colegiación compulsiva en el fuero provincial. Idénticos fundamentos exponemos hoy para manifestarnos en contra del proyecto a tratarse en senadores, por lo que instamos a los legisladores por el Chaco y la región, a votar en contra del mismo, y convocamos a todos los profesionales que piensen igual, a manifestarse y hacer conocer este nuevo atentado contra el bolsillo de los colegas” enfatizó.
Finalmente recordó que “sin perjuicio de ello, en el improbable caso de llegar a aprobarse el proyecto, anunciamos que interpondremos los recursos de inconstitucionalidad que nos confiera el ordenamiento jurídico, para defender, como lo anuncia la ley 7524, el rol preponderantemente social de los profesionales del Derecho.
