A través de la medida cautelar, el Gobierno Nacional deberá retroceder con las suspensiones o bajas de pensiones en la provincia por falta de especificaciones y derecho de los beneficiarios para aportar elementos en su defensa.
La jueza Federal, Zunilda Niremperger, dio lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo, por lo tanto el Gobierno Nacional deberá volver atrás con las suspensiones o bajas que se realizaron de pensiones en la provincia.
Ante una interrupción arbitraria del beneficio, la medida establece el resguardo de un sector socialmente vulnerable. Además, exige judicialmente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que en caso de rebatir una pensión, deberá hacerlo con un procedimiento que garantice a los beneficiarios el derecho a ser oídos y aportar elementos para su defensa.
Según el expediente, queda establecido que el gobierno nacional no respondió a la Justicia con especificaciones que la juez requirió sobre el procedimiento que se siguió para suspender los beneficios. El Estado sólo informó con un CD que señala que las pensiones no contributivas ascienden a 80 mil pesos, pero no adjuntaron mayores detalles al respecto, tal como lo había requerido la jueza Niremperger.
En esa línea, la magistrada entiende que no se habría resguardado el derecho de los beneficiarios, tal como lo planteó en su reclamo el defensor del pueblo.
“Celebramos que se haya entendido que era necesario aplicar esta medida cautelar de manera urgente debido al peligro en la demora que representa esta cuestión porque afecta directamente la prestación alimentaria de sectores vulnerables. Por ello espero sensibilidad de la ministra Carolina Stanley para que cumpla con la orden judicial”, manifestó el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido.
