Este miércoles se reunieron representantes de gremios de judiciales, salud, docentes, entre otros. La medida es en rechazo “al techo del 10% de aumento ofrecido por el Gobierno provincial”, lo que consideraron “inaceptable” y afirmaron que “insulta a los trabajadores asalariados”.
La mesa estuvo conformada por los secretarios generales de UPCP, José Niz; de ATE, Mario Bustamante; de la Unión de Judiciales, Walter Bernard; de SITECH Federación, Eduardo Mijo; de Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH), Ricardo Matzkin, entre otros.
Mediante un comunicado, los Gremios Estatales informaron hoy: “El Gobierno provincial ofreció un aumento del 10% aplicable sobre la escala salarial de los distintos escalafones, para todo el año y repartido en tres cuotas. Esta pauta salarial de carácter general y anual es inaceptable y ya fue rechazada por los gremios estatales.
Asimismo se rechaza cualquier intento de imponer sumas no remunerativas y sumas fijas que producen perjuicios económicos a los trabajadores, discriminan a los jubilados y desfinancian de modo creciente el INSSSEP. Por eso se exige que la recomposición salarial sea en blanco y aplicada sobre la escala salarial de cada sector.
Desde el Poder Ejecutivo se ensayan diversas excusas intentando justificar el irrisorio aumento ofrecido. Desde la clásica muletilla de ‘no hay plata’, pasando por ‘hacemos el máximo esfuerzo, la caja no da para un mayor aumento o no nos guardamos nada, tenemos déficit generado por el pago de los sueldos, el 90% de coparticipación se afecta al pago de sueldos, tenemos el deber de gobernar para todos y la caja es una’. Todas mentiras elaboradas premeditadamente por el poder dominante cuya verdad comienza a develarse y con efecto dominó comienzan a caer todas las fichas.
OFERTA SALARIAL RECHAZADA
La realidad fiscal de la provincia es muy distinta a la que expresa el Gobierno. El año pasado los recursos de origen nacional crecieron un 35%: ingresaron $ 37.500 millones contra los $ 26.500 millones aproximadamente de 2016. Los recursos propios de origen provincial tuvieron inclusive variaciones superiores, difundidas mediáticamente estas cifras, desde dos fuentes la del gobierno provincial y las autoridades nacionales, cada vez que visitan la Provincia del Chaco.
Y durante el primer bimestre de este año la variación promedio de ingresos nacionales se ubica por encima de un 38% con relación al mismo periodo de 2017.
Se calcula que por cada peso destinado a aumento salarial ingresaron $ 3,60 más de recursos, de acuerdo al promedio de ingresos fiscales del ejercicio 2017 más el bimestre enero-febrero de 2018, comparados con la aplicación a la masa salarial provincial en igual periodo.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
Y entonces de qué problemas financieros habla el Gobierno cuando se registra un sostenido aumento de los recursos genuinos y los provenientes de la coparticipación federal, muy por encima de las pautas macro-fiscales pronosticadas por la Nación, incluida la tasa de inflación oficial que mide el INDEC.
Qué explicación existe sobre los excedentes financieros que surgen del cálculo de recursos presupuestados y los ingresos fiscales efectivamente ejecutados. Cuál es el destino de esos recursos. A la masa salarial no fueron.
Claramente se observa que no existen problemas en el flujo de fondos, que es ampliamente positivo, regular, sostenido y muy por encima de los pronósticos oficiales.
Con este comportamiento de recursos, indudablemente el foco debe ponerse en la administración financiera del Estado. El problema en todo caso es de administración y distribución. Habrá que analizar el capítulo de las erogaciones, los compromisos exigibles, la aplicación de los excedentes presupuestarios, y también la deuda flotante, para encontrar el origen del supuesto desequilibrio financiero que alude el Gobierno.
Eso sí, de algo estamos seguros: la provincia está en condiciones financieras de duplicar la recomposición salarial ofrecida para el primer semestre de este año, con el compromiso de monitoreo del comportamiento de recursos para el segundo semestre.
Y en todo caso el poder administrador debe rendir cuentas e informar con la debida transparencia los verdaderos números fiscales de la provincia.
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO BAJO SOSPECHA
La investigación preliminar del Juzgado Federal de Resistencia iniciada la semana pasada sobre supuesto lavado de activos, evasión fiscal y asociación puso en superficie algunas debilidades en la administración financiera del Estado chaqueño, y bajo sospecha a varios funcionarios del Gabinete provincial.
El “modus operandi” investigado ahora por la Justicia federal es bastante conocido, y ha sido denunciado reiteradamente desde algunas organizaciones sindicales, sin que los órganos de control de la hacienda pública intervinieran y pusieran luz en manejos poco transparentes de varios Ministerios y la Fiduciaria del Norte S.A., una empresa con capital estatal mayoritario allanada en los últimos días, además de varias dependencias gubernamentales, que serían el foco de desvío de fondos públicos, tal como lo venían denunciando – en soledad- las organizaciones sindicales.
La tercerización de funciones y de servicios en varios Ministerios, que se canalizan a través de la Fiduciaria del Norte, implican la desfuncionalización de amplios sectores de la administración pública, costos ocultos por superposición de estructuras, caos administrativo y puede ser fuente de actos de corrupción, que quedarían al margen del alcance de los órganos constitucionales encargados del control de la hacienda pública: Tribunal de Cuentas, Contaduría General y Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
El lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente. En la investigación del fuero federal conocida en los últimos días, trascendieron hipótesis de supuestos fraudes en perjuicio del Estado, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito que podrían haber sido cometidos por funcionarios públicos de alto rango y cercanos al Gobernador.
La investigación en pleno desarrollo todavía no permite conocer la profundidad y el alcance de las supuestas maniobras delictivas, aunque están provocando una crisis de insospechadas consecuencias en la administración financiera del Estado.
Exigimos a las autoridades provinciales, que esta situación no sea un elemento más del Gobierno para hacer pagar el costo de la crisis a los trabajadores estatales, y reclamamos que los órganos de control asuman la intervención de su competencia, lleven a cabo los procedimientos de auditoría y de control para esclarecer en el plano administrativo, financiero y contable las posibles irregularidades derivadas del accionar de los funcionarios públicos sospechados”, finalizaron.
