El diputado provincial por el PJ Ricardo Sánchez se refirió a la causa que investiga la contratación de la empresa de recolección de residuos Pimp S. A. durante la gestión de Aída Ayala. “Pedimos que la justicia llame a brindar explicaciones a la ex intendenta para que se llegue al fondo de la cuestión”, remarcó.
“En la investigación de la Justicia Federal se intenta descubrir el entramado que organizó en su momento Aída Ayala mientras estuvo al frente del municipio y que tiene que ver con numerosos negocios, que en su mayoría se hicieron sin controles externos ni internos”, remarcó Sánchez, agregando que “Pimp S. A. es la fachada legal de todo este entramado de negociados que vincula a Aída Ayala a través de su ex yerno, Alejandro Fisher”.
“Pimp S.A. accede a este contrato millonarios a través de Alejandro Fisher, quien es el contacto de la gente de poder en la gestión de Aída Ayala”, subrayó Sánchez, y mencionó que “entre las personas mencionadas públicamente como vinculadas con la empresa también se encuentra la esposa de Alejandro Fisher, Fátima Rigassio”.
“Bienvenido sea que hoy la Justicia Federal esté mirando los negociados que se llevaron adelante a través de los 12 años de gestión de Ayala y dentro de cuya administración Pimp S. A. comenzó a manejar la gestión integral de residuos sólidos urbanos y otro tipo de servicios”, comentó el diputado, explicando que además de los detalles que se investigan, se trata de una empresa que carecía absolutamente de experiencia en la materia.
Para cerrar, se hizo eco del pedido de justicia en otros ámbitos: “Distintos sectores están pidiendo que esta investigación llegue al origen de la cuestión, donde Ayala manejada este tipo de adjudicaciones a su antojo. Esperemos que la investigación llegue al fondo de la cuestión y a partir de allí, los implicados brinden explicaciones del caso”.
Denuncias anteriores
En mayo de 2015 fue conocida la denuncia de la contratación que realizó la Municipalidad de Resistencia a la empresa Pimp para la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos por ocho años, por un monto cercano a los 270 millones de pesos.
De esa primera denuncia realizada por la Fundación Nelson Mandela, surgió el reclamo de vecinos contra la Municipalidad y la intendenta Aída Ayala ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, conducida por Eitor Lagos, por la contratación de la empresa PIMP por 8 años para recolectar, transportar y hacer la disposición de residuos sólidos no tradiciones por un monto cercano a los 270 millones de pesos, casi 34 millones por año.
