Así lo manifestaron los concejales del PJ que integran el Concejo Municipal de la mencionada localidad correntina. Apuntaron contra el actual jefe comunal, Pablo Gustavino -ECO+Cambiemos-, y su hermano (ex intendente) Cristian, quienes mantienen su negativa a presentar informes sobre la situación de la planta de trabajadores.
Según los ediles, el 70% de los empleados del municipio están en negro, mientras que continúan esperando los informes del intendente, quien se niega a darlos pero pide que el cuerpo legislativo se pronuncie a favor del pacto fiscal.
Serían 300 los que integran la planta de trabajadores, tanto informales como formales, abocados construcción, limpieza y poda, entre otros extras. En el campo, en tanto, la situación sería más difícil.
Gustavo Aromí (PJ) se refirió al respecto y dijo que «venimos insistiendo en la presentación de esta información de parte del Ejecutivo, pero no tenemos respuestas. Lo mismo sucede ahora con el actual intendente, Pablo Guastavino. Incluso, fuimos a juicio contra el Ejecutivo por esta razón, pues es información de dominio público, a la que se nos niega el acceso. Creemos que la Cámara va a ratificar nuestro pedido. Ahora quieren que aprobemos la adhesión al Pacto Fiscal sobre tablas en el Concejo y les dijimos que no, que se va a analizar en comisión como corresponde».
«Necesitamos la nómina de los empleados, ya que el Pacto Fiscal contempla que los Municipios no puedan ingresar más empleados a la nómina de contratados, sino que mantengan el número. A excepción de que tengan un superávit, lo que en el caso de Mburucuyá es muy pequeño o casi inexistente. La mayoría de nuestros empleados son changarines», aseguró.
Por otro lado, Aromí indicó que el oficialismo exigió la adhesión al Pacto Fiscal en la última sesión: «Nos presentamos en la sesión para insistir en el pedido de informe al Ejecutivo. Allí nos esperaba todo el personal municipal -congregado por el oficialismo- para exigirnos a los concejales opositores (PJ y FR) que firmemos la adhesión al Pacto Fiscal, atemorizados por no cobrar aumentos».
«Algunos trabajadores nos llamaron anticipadamente para contarnos que recibieron amenazas y aprietes. Les explicamos que hay un presupuesto en el Municipio para indumentaria por $650.000 y ellos ni siquiera han recibido una zapatilla. Los barrenderos no tienen indumentaria y no reciben ni siquiera una pala, ellos se forjan sus propias herramientas para poder limpiar. Les explicamos que hay un presupuesto municipal de 46 millones de pesos, en los que ya están presupuestados sus aumentos», añadió el concejal justicialista.
Montos irrisorios
En cuanto a los salarios, Aromí contó que «los empleados informales ganan $110 por día y $55 por jornada» y no todo quedaría ahí, sino que los feriados no percibirían dinero.
«Calculamos a priori que el 70% de los empleados municipales está en negro, son jornaleros. Los empleados de planta permanente cobran $6.000 por mes y el presentismo de $3.000. Así que si faltan un día, se les descuenta $3.000 del sueldo. Un empleado con 25 años de antigüedad cobra $7.900. Mientras, el Ejecutivo se niega a brindar información oficial y no quiere dialogar; ni siquiera presentó la nómina de su gabinete y no podemos saber quiénes son los funcionarios», sentenció.
