El diputado provincial del Partido Justicialista, Ricardo Sánchez, valoró la sanción de proyecto de ley de autoría de la presidenta del Poder Legislativo, Élida Cuesta, que establece la creación de un registro de personas con condena firme en causas de violencia de género.
“Este es un paso más en la construcción de una legislación que salvaguarde a las mujeres de todo tipo de violencia, con lo cual, entiendo que es un gran aporte este objetivo l que estamos dando desde la Cámara de Diputados”, señaló el legislador.
En primer, el proyecto crea el Registro Único de Personas Violentas (RUPV), que deberá registrar a las personas que hayan sido condenadas por sentencia judicial por violencia de género, incumplido medidas restrictivas o tratamiento terapéutico ordenados dentro del marco de un expediente relacionado con un hecho de violencia género y procederá la inscripción únicamente por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte.
Además, prescribe que a los efectos de la inscripción, deberán consignarse, además de los autos, el Juzgado que condenó, apellido y nombre completos del victimario, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como sanciones impuestas y específicamente el número del documento que lo identifique y foto actualizada de frente, perfiles y cuerpo entero.
El RUPV expedirá certificados ante requerimiento debidamente fundado por las autoridades públicas y/o el propio interesado. Ello en función que las dependencias judiciales e Instituciones Públicas deberán solicitarlo a fin de cualquier trámite que se efectúe en el ámbito laboral, en el Juzgado de Familia, Penal y Laboral. Asimismo, y en caso que se hubieren arbitrado medidas judiciales, debe constar el cumplimiento o no de las mismas en tiempo oportuno, con la finalidad de tomar la decisión respectiva.
El registro expedirá a requerimiento del Tribunal con competencia electoral, instituciones u organismos públicos, la certificación mencionada en los artículos precedentes, respecto de todos los postulantes a cargos electivos, funcionarios y/o cargos jerárquicos en el Distrito Provincial o Municipal. Tal certificación será requisito para su designación o habilitación como candidato.
Además, el Consejo de la Magistratura requerirá la certificación, respecto a todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial y no podrá concursar hasta tanto no dé cumplimiento a la sentencia. Similar requisito se exigirá a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de Justicia y a sus funcionarios.
“Es una iniciativa de la presidenta de la Legislatura, que ha venido trabajando permanentemente sobre violencias, y en este sentido debemos recordar que hace poco pusimos en marcha el compendio sobre violencias entregados a todos los organismos que trabajan la temática”, explicó Sánchez.
A la par, el legislador destaró que este “es un paso más que la Legislatura en salvaguarda de la integridad de las mujeres, creando un registro donde, aquellas personas condenadas con sentencia firme, van a ser anotadas en este registro”. “No nos olvidemos que todo lo que es violación tiene su registro propio, pero la agresión y la violencia verbal, física o psicológica con condena firme no la tenía”, destacó.
“Con esto lo que hacemos es habilitar el registro donde quedarán los datos de las personas violentas, lo que a su vez, por un lado impedirá ser candidatos como tampoco podrán ser candidatos quienes aspiren al Consejo de la Magistratura”, señaló y concluyó: “Esto es muy importante para la protección de las mujeres y un nuevo aporte a los muchos que venimos dando en esta cuestión desde la Legislatura”.
