La Resolución 2018-911, que lleva la firma Javier Iguacel -administrador general del organismo-, confirmó la medida contra el agente Juan Carlos Sosa por incumplimiento de deberes prescriptos en el Convenio Colectivo de Trabajo 827/06 E y lo que fija la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
El trabajador del Distrito Chaco fue acusado hace cuatro años por colocar una cámara espía en el sanitario de mujeres. Además de ese hecho, el mismo agente fue procesado en febrero pasado por la Justicia Federal por haber cobrado ilegítimamente durante casi 10 años un subsidio del Estado como exveterano de la Guerra de Malvinas.
La resolución, a la que NORTE tuvo acceso, confirma que ‘se comprobó la utilización del correo de uso oficial, para realizar y concretar la compra del Pendrive Espía HD con activación por movimiento, que terminó siendo encontrado en el baño de damas del 18° Distrito (Chaco)‘. Es por eso que el administrador propicia aplicar la sanción de cesantía.
Así, el texto indica que ‘analizadas las pruebas, la Instrucción (del sumario administrativo) vislumbra conducta reprochable por parte del agente Juan Carlos Sosa, habida cuenta de la gravedad institucional de los hechos por falta de cumplimiento de los deberes y funciones conforme el cargo que el agente Sosa tenía y las tareas que dicho puesto implicaba‘.
Las trabajadoras de Vialidad que impulsaron la denuncia y persistieron en la lucha durante casi cuatro años para que la causa administrativa avanzara agradecieron al área de Servicios de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, cuyo coordinador es el doctor Ricardo Stoddart, junto a los doctores Santiago Musto, Andrea Franconi y Matías Sandoval.
También al área de Sumarios, por la tarea del doctor Ignacio Sánchez Gutiérrez, desde donde avanzaron con las investigaciones y esclarecieron la causa. Y finalmente al jefe del Distrito Chaco, Oscar Bonfanti, a la gerente Regional, Ingrid Jetter, y al administrador general Javier Iguacel, quien desde el primer momento dio su apoyo para que todo se esclareciera.
Si bien la investigación sumaria en Vialidad se había iniciado en 2014, año en que fue descubierta la cámara en el baño de mujeres, pegada con cinta de embalar debajo del dispenser de desodorante para inodoros, filmando directamente las partes íntimas de las trabajadoras, un informe de ese mismo año consideró que ‘no existirían elementos de prueba suficientes‘ para inculpar y sancionar al agente Sosa.
Fue en 2016 cuando la Gerencia Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, mediante el dictamen N°61.537, entendió que existirían ‘ciertas pruebas relevantes que deberían ser consideradas a efectos de arribar a una mejor decisión en relación al hecho investigado‘. Y por eso, a través de la Resolución N° 1858/2016, dispuso la reapertura de la etapa de investigación del Sumario Administrativo, que finalmente concluyó con la resolución del administrador general fechada el jueves 17 de mayo.
Finalmente, en esa misma resolución, Iguacel instruyó a la Gerencia Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ‘a que sustancie juicio de exclusión de tutela sindical o para el caso de haberse iniciado, se evalúe la conveniencia de proceder a la acumulación de los mismos’.
Ahora, el agente dispondrá de la opción de presentar un Recurso de Reconsideración dentro de los 10 días hábiles administrativos o una acción judicial dentro de los 90 días hábiles.
–
Fuente: Diario Norte.
