El procedimiento fue ordenado por la Contaduría General de la Provincia con el objetivo de analizar las cuentas de la dependencia estatal. Aparentemente, las acciones cayeron mal a dirigentes de la UCR que habrían intentado ocultar información sobre trabajos de infraestructura que -hasta el momento- nunca se hicieron.
Por lo que se pudo saber, el control se decidió el 18 de septiembre y estuvo a cargo de Héctor Horacio Herrero, la máxima autoridad contable a nivel provincial.
Los análisis numéricos duraron tres días y Sergio Flinta los siguió de cerca. En el recinto de calle San Juan trabajaron las contadoras María Eugenia Lértora, Adriana Marina Alfonzo, Lara Beatriz Borda, María Elena Olazarri y Alejandra Oroñizky.
Entre las tareas realizadas se incluyeron recorridos oficina por oficina, preguntas y peritajes al personal administrativo y responsables a cargo de expedientes pendientes de registración, como facturas o documentos de compras o servicios recibidos. Análisis de recursos, gastos y fondos de todos los Programas que se manejan en la otrora subsecretaria de Cultura. Asimismo el cruzamiento entre las salidas bancarias de los fondos y la asignación presupuestaria y/o contable de los gastos. Se advirtió “flojedad de papeles”.
Había dudas sobre los gastos que produce el órgano que conduce Gabriel Romero, un hasta el momento, intocable de la administración radical. Es inocultable que algunos miembros de la mesa chica del Instituto cultural, soñado por el desaparecido Norberto Lischinsky, vieron crecer su patrimonio personal de un día para el otro.
