Michetti rechazó un pedido del fiscal Sergio Rodríguez para que la Procuración investigue a los funcionarios encargados de las negociaciones.
A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, cerró la posibilidad de investigar de forma administrativa si hubo irregularidades en la aceptación por parte del Gobierno de una oferta del Correo Argentino, empresa de la familia del Presidente, para pagar una deuda que tiene desde 2001 y que fue denunciada ante la Justicia.
El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodriguez, presentó una apelación para que el caso se siga investigando porque no se había instrumentado todas las medidas de prueba que había solicitado, pero ahora Michetti la rechazó a través del decreto 907. Además, señaló que “queda agotada la vía administrativa”.
Por el caso del Correo Argentino hay tres causas abiertas: dos en el plano judicial y una, que fue cerrada hoy, en el administrativo. De las dos que continúan en trámite, una se encuentra en el fuero Comercial, desde 2001, y se discute la deuda de la empresa. La otra es penal, se inició en 2016, y están imputados el presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, por la aceptación de la controvertida oferta de pago.
El Correo Argentino es una empresa de la familia Macri que en 2001 dejó de pagarle al Estado el canon y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Pertenece a Socma, cuyas acciones el Presidente cedió en 2009 a sus hijos. Desde 2003 hay una causa comercial por la deuda y a mediados de 2016 la compañía hizo una propuesta: pagar 296 millones de pesos en 15 cuotas anuales, que vencían en el 2033, con un interés del 7 por ciento anual.
Si bien el Gobierno de Macri lo aceptó a través del ministerio de Comunicaciones, la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar el acuerdo por “abusivo y perjudicial“ para el Estado ya que implicaba una quita del 98,2 de la deuda debido a que no se actualizaban los intereses, lo que en pesos eran 4.227 millones. Luego, frente a la polémica que se generó, el gobierno retiró la propuesta.
Al respecto, el Frente para la Victoria hizo una denuncia penal que quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo. Están imputados y bajo investigación Macri, Aguad, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, directivos del Correo, síndicos del concurso y la jueza comercial Marta Cirulli.
*Radio Mitre
