Así lo consideró un magistrado de Itá Ibaté, en el marco de un caso por alimentos que inició una mujer contra su ex pareja por el hijo que tienen en común.
Si bien la situación comenzó legalmente en el Juzgado de Paz de dicha localidad, donde se acordó entre las partes el pago de la cuota alimentaria para el menor, el hombre no cumplió durante 4 meses.
Por ello, la mujer se presentó nuevamente a la dependencia judicial e hizo el reclamo correspondiente.
El doctor Eduardo Modenutti, titular del Juzgado de Paz, señaló que la falta reiterada por parte del padre admitía la adopción de medidas como el embargo preventivo.
Asimismo, manifestó que la conducta del hombre violó un derecho elemental básico de los niños, niñas y adolescentes.
“Es un claro caso de violencia de género y familiar, por ejercicio de la violencia económica”, sentenció el juez.
“La violencia económica, entendida como la serie de mecanismos de control y manejo, no proveer recursos económicos por ejemplo, y es una de las formas más tremendas de violencia que muestra las relaciones de poder que se establecen entre mujeres y hombres porque queda en manos de estos últimos un poder acompañado de la sumisión o subordinación de las mujeres”, sostuvo.
Modenutti añadió: “De por sí, el incumplimiento alimentario en sus distintas variables (total, parcial, tardío, etc.) constituye un modo particularmente insidioso de violencia de género en la familia porque ocasiona un deterioro de la situación socio económica de la mujer. Eso limita los recursos destinados a satisfacer sus necesidades y la priva de los medios imprescindibles para afrontar la vida con dignidad”.
Finalmente, el Magistrado recaratuló las actuaciones y en carácter de alimentos provisorios otorgó una suma equivalente suma al 20% de los haberes mensuales que percibe el padre, personal retirado del Prefectura Naval Argentina.
Dispuso también que el monto fuera descontado por esa institución y depositado del 1 al 10 de cada mes en una cuenta judicial para que la cobrara la madre del niño. Luego, indicó que la causa sería remitida al Juzgado de Familia de la Ciudad de Corrientes que resultara competente.
Ahora el padre deberá contar con un abogado y, en caso de carecer de recursos económicos, podrá acudir ante este Juzgado de Paz para la realización de las gestiones necesarias para la actuación de la Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes.
