La medida del presidente cayó mal en gran parte de la sociedad, y principalmente a familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Todo para la obra del plan costero, proyecto que se discutirá en el encuentro de derechos humanos que se realizará el mes que viene.
La denuncia tiene un par de meses, luego que se conociera el decreto del presidente Macri, proyectando el desarrollo de un complejo urbanístico en la costanera, el famoso ‘plan costero’ de la capital de Corrientes. Familiares de desaparecidos vuelven sobre la denuncia tratando de impedir que se venda un sitio de memoria y el tema será tratado en el primer encuentro provincial de derechos humanos de la provincia, el sábado 3 de agosto, en los mismos cuarteles donde se torturaba gente en los años ’70.
Aseguran que se esconde un negociado -según denunciantes-, valuado en más de 30 millones de dólares.
La decisión del presidente Macri “representa un grave retroceso para el fortalecimiento de nuestra democracia”, según critican desde el colectivo.
Organismos de derechos humanos de Corrientes, familiares, querellantes y víctimas de delitos de lesa humanidad recordaron su denuncia que el Ejecutivo Nacional habilitó por decreto la venta del ex Regimiento de Infantería 9 (RI9), donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención emplazados en la Provincia durante la última dictadura cívico militar, reconocido como sitio de memoria y protegido como medida de prueba por una cautelar judicial.
Se trata de un predio codiciado por su ubicación -plena costanera de la ciudad de Corrientes- que el Gobierno Nacional, el provincial y la municipalidad quieren poner en manos del mejor postor con la excusa de desarrollar un “proyecto urbanístico”.
“Consideramos que es ilegal”, apuntó el presidente de la Asociación Civil «Espacio de Memoria Regimiento de Infantería N° 9”, Daniel Cian, que busca hace varios años proteger las instalaciones que dentro de ese predio que perteneció al Ejército Nacional fueron convertidos en espacios de secuestro y tortura a disposición del terrorismo de Estado que gobernó al país entre 1976 y 1983.
Se refirió al decreto número 345/2019, mediante el cual Mauricio Macri autorizó a “disponer y enajenar” el terreno completo con el objetivo de impulsar el Plan Urbano Costero, un proyecto urbanístico habilitado mediante un acuerdo entre el Plan Belgrano -órbita nacional-, el gobierno provincial de Corrientes y el municipal que, supuestamente, logrará la “recuperación social, ambiental y urbanística de la costanera correntina”, según plantea el texto del decreto.
En el decreto, Macri asegura que tanto el ex RI9 como el resto de los predios a los que “les puso un cartel de remate”, resumió Cian, “no se encuentran comprendidos en proyectos u obras a desarrollarse en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado como así tampoco resultan adecuados para cubrir alguna necesidad actual de la Administración Pública Nacional”.
