La titular de la Oficina Anticorrupción debe hoy declarar como imputada en los tribunales de Retiro en la causa por incompatibilidad de funcionario público que se le sigue al ex ministro de Energía.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se presentará este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para ser indagada en una causa en la que fue imputada por «encubrimiento» del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien supuestamente se habría beneficiado por su doble rol de funcionario y accionista de la empresa Shell.
Alonso había sido citada la semana pasada, pero su defensora pidió una postergación que fue autorizada por el juez Luis Rodríguez a cargo del caso.
La funcionaria de Ética Pública deberá presentarse a las 11. Está acusada de encubrir a Aranguren ya que no denunció irregularidades que fueron advertidas por los denunciantes de la causa, los diputados Martín Doñate y Rodolfo Taihade.
LA CAUSA
En mayo de 2016, los legisladores acusaron al entonces ministro de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su «doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.».
Los mismos denunciaron que en su declaración jurada patrimonial, Aranguren, ex presidente de la filial argentina de la petrolera , declaró poseer «más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell».
El 28 y 29 de marzo de 2016 se dictaron las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.
También se autorizó la «compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia», lo que, según la denuncia puso «en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino».
Aranguren ya fue indagado por negociaciones incompatibles con la función pública. Explicó que “el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración”.
“El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado”, explicó. Las empresas no se beneficiaron con los aumentos, no fue a las empresas , sino que redujo los subsidios que se pagaban a los usuarios”.
También argumentó que “en ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público”.
En tal sentido, estas irregularidades no fueron advertidas por Alonso, lo cual fue citada por el delito de encubrimiento. Por no haber investigado si había o no un conflicto de interés a pesar de haber sido advertida por los denunciantes Tailhade y Doñate.
