Haciendo lugar de manera parcial al pedido de la defensora General Adjunta, el Superior Tribunal de Justicia resolvió que se revise los casos de las personas privadas de su libertad, que se encuentran detenidas en comisarías y establecimientos penitenciarios provinciales.
l Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente a la acción de Hábeas Corpus colectivo y correctivo interpuesta por la defensora General Adjunta del Poder Judicial, Gisela Gauna Wirz, en favor de las personas privadas de su libertad alojadas en las Comisarías y establecimientos penitenciarios de la Provincia del Chaco. Ello conforme al dictamen Nº 3/20 de la Procuración General Adjunta y a la adhesión a la demanda que manifestó la Asociación Pensamiento Penal.
Por ello hizo saber a jueces de garantías, correccionales, cámaras del crimen y fiscales, que respetando la garantía del juez natural, “deberán revisar de oficio las causas de aquellas personas que se encuentran cumpliendo prisión preventiva, evaluando su necesidad y justificación conforme la situación de emergencia por la PANDEMIA DEL COVID- 19”. Asimismo, tendrán que disponer medidas alternativas al encierro con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder.
Además, el STJ encomendó a jueces de ejecución Penal que adopten todas las medidas necesarias con la suficiente antelación, a fin de resolver los beneficios de libertad condicional y libertad asistida al momento de cumplirse el requisito temporal. Como así considerar medidas alternativas en los casos de personas con condenas firmes por delitos no violentos, próximas a agotar la pena impuesta.
En tanto que los tribunales de la jurisdicción deberán considerar los casos de personas con mayor riesgo para la salud. “Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención”, indicaron.
En todos los casos deberán tener especialmente en cuenta a las personas con padecimientos mentales, como grupo especialmente vulnerable, conforme las recomendaciones dictadas al respecto por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación el 17 de marzo de 2020.
Por otro lado, el Hábeas Corpus indica que los tribunales del fuero que tendrán que evaluar con máxima prudencia y carácter restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, de acuerdo a la interpretación que el órgano jurisdiccional entienda corresponde en cada caso.
Otras disposiciones
Asimismo recomendaron a las autoridades penitenciarias que, ante la detección de síntomas compatibles con COVID-19, den estricto cumplimiento a los protocolos y disposiciones vigentes en materia sanitaria debiendo proporcionar de modo inmediato la atención pertinente y, en su caso, el aislamiento provisorio dentro del establecimiento.
Dispusieron también la creación de una Comisión de Crisis del Poder Judicial integrada por magistrados, fiscales y defensores del Poder Judicial, para trabajar de manera articulada, y programar acciones conjuntas tendientes a garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad.
Finalmente, ordenaron a la Jefatura de Policía del Chaco que remitan los listados actualizados de las personas alojadas en las comisarías de la provincia; los que serán puestos a disposición de los jueces provinciales. En lo sucesivo, esas listas deberán ser actualizadas semanalmente conforme ingresos y egresos y remitidas al Comité de Crisis del Poder Judicial, además de ser proporcionadas a todos los funcionarios y magistrados provinciales que lo requieran.
Prohíben detenciones en Machagai
En otro orden, pero siguiendo con la misma tesitura, el Juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, Rodolfo Lineras, dictó una medida cautelar que prohíbe el ingreso de más detenidos en la Comisaría de Machagai, luego de constatar la “situación inhumana” en la que se encuentran las personas ya alojadas en el lugar.
En los fundamentos de la resolución, manifiesta que «tanto los policías como presos están, a simple vista, en peligro de inminente contagio de cualquier enfermedad».
