Para los ediles opositores, el Ejecutivo y sus pares oficialistas están avasallando derechos y garantías constitucionales de la capital chaqueña. Se debe a la medida que permitirá a la gestión de Gustavo Martínez contraer una millonaria deuda, estimada en 800 millones de pesos.
“El procedimiento para confirmar el veto del Intendente y las modificaciones a la ordenanza fue irregular, ilegal y arbitrario, por lo cual respondemos por los ciudadanos de Resistencia, ante lo que creemos fue la vulneración al orden institucional y constitucional, en el marco de las leyes vigentes”, dijo el concejal Carlos Salom sobre el veto a la ordenanza 13270 y las respectivas modificaciones que dan la posibilidad al Gobierno municipal de endeudar las arcas por una fuerte suma de dinero.
Asimismo, el edil agregó que la situación fue propiciada por “el bloque oficialista hacia el pedido del intendente Gustavo Martínez, y donde no se tuvo en cuenta los procedimientos legales de funcionamiento del Concejo Municipal, sin que hubiera debate, búsqueda de consensos, sobre un tema delicado que endeuda a la municipalidad hacia el futuro”.
El escrito sobre el tema lleva las firmas de Carlos Salom, María Teresa Celada, Carla Cantero y Dino Ortiz, con el patrocinio del Dr. Marcelo Castelán, ante el Superior Tribunal de Justicia.
