El empresario Saúl Mocarbel está acusado por la falta de tratamiento de los residuos que genera su fábrica en Aldea Brasilera. En el juicio citaron a 15 testigos.
Primer juicio federal por daño ambiental en Entre Ríos. Un artículo publicado en el sitio digital de Diario UNO el 25 de septiembre de 2015, que se reprodujo al día siguiente en la edición impresa, activó una investigación preliminar a cargo de la Unidad Fiscal de la Procuración General de la Nación sobre Delitos Ambientales.
“Volvió el olor nauseabundo a Aldea Brasilera”, se tituló la nota donde un grupo de vecinos denunciaba la contaminación ambiental propiciada por la empresa Mocarbel SRL, en Aldea Brasilera, en el Departamento Diamante. Después de cinco años, el hecho que tiene como único imputado a Jorge Elías Mocarbel llegó finalmente a juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de Paraná.
Si bien es relevante que el daño ambiental –en este caso, la contaminación en el aire y en tres cursos de agua– haya tomado estado público a través de un medio de comunicación, lo más trascendente es que se trata del primer juicio en el fuero federal entrerriano por un causa referida al medio ambiente.
LA NOTA
El olor nauseabundo y el humo que emana de la fábrica de grasas y jabones Mocarbel SRL, en Aldea Brasilera, vuelve a ser noticia. La contaminación del aire no sólo es perceptible para quienes habitan en la zona circundante a la planta ubicada a la vera de la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 21, sino también para los ocasionales conductores que circulan por la ruta.
Vecinos de la zona relataron a UNO que, en los últimos meses, el olor nauseabundo reapareció. «Cada mañana tenemos que ver la orientación del viento para saber si este día debemos convivir con el aire pestilente o el humo que sale de las chimeneas».
Lejos de estar en desacuerdo con que una empresa invierta en el pueblo, lo que los habitantes del lugar piden a Mocarbel es que realice una producción sustentable y cuide el medioambiente.
Problema de vieja data
La situación retrotrae la memoria al 22 de mayo de 2007, cuando las autoridades del gobierno de Entre Ríos clausuraron de manera preventiva la planta, por el alto grado de contaminación comprobado, invocando el articulo 65, inciso E de la Ley 6.260 y su decreto reglamentario 5.837/91.
La medida dispuesta preveía que no se continuase con la fabricación de productos, mientras no estuviesen terminados las obras entonces exigidas para que no se produjese contaminación ambiental por efluentes líquidos, sólidos y gaseosos.
A aquella sanción se llegó por la lucha incansable y el compromiso de un grupo de vecinos que, preocupados por el perjuicio al medioambiente y a la salud de la población, realizaron denuncias públicas ante medios, entre éstos UNO y plantearon el problema ante las autoridades pertinentes.
El 30 de agosto de 2009 la fábrica incorporó nuevos equipos para mejorar el tratamiento de los efluentes líquidos y gaseosos, y cumplió con el compromiso asumido en el convenio firmado en octubre de 2008 con la Secretaría de Medio Ambiente. Por eso el organismo provincial decidió levantar la clausura provisoria y otorgarle el certificado de funcionamiento.
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