Al menos 200 vehículos del Estado provincial habrían sido transferidos y vendidos de manera irregular, por lo cual la Secretaría General de la Gobernación radicó una denuncia penal y administrativa, por lo cual existe una investigación por parte de la Justicia ordinaria y otra federal.
Al respecto el diputado Livio Gutiérrez expresó: “Hace años bregamos por la transparencia, cómo recordarán existe un proyecto de ley de nuestra autoría, desde febrero del año pasado, fue el que implementa el “Régimen Abierto de Contratación Pública Electrónica” que deroga el Decreto Ley 3566/77 “Régimen de contrataciones Públicas”, norma del año 1977 y la “Ley de Obras Públicas” 1182-k (antes ley 4990). Donde propusimos un nuevo régimen de contratación que sea de contralor, eficaz, claro y que no sucederían estos actos. Obviamente el Gobierno no quiere aprobar. Siguen con decretos de la época de la dictadura para las licitaciones, arcaicos, obsoletos y donde ganan siempre los amigos de la burocracia, lo vemos cada día y seguirán sucediendo”, explicó Gutiérrez.
En este sentido el legislador considera que “es necesario otorgar transparencia a los actos de gobierno, al destino que damos a los fondos públicos y dar mayor seguridad y equidad a los proveedores del Estado, ambas cuestiones que son abordadas por la nueva normativa propuesta”.
Gutiérrez fundamentó que el sistema de contrataciones del Estado es del año 1977 y luego de 40 años, “ha quedado obsoleto. Sin embargo las soluciones que se dieron en los últimos años de gobierno no fueron su modificación ante los problemas que presentaba, sino por el contrario, la solución propuesta fue crear fideicomisos con fondos públicos y a partir de allí comprar insumos para los distintos ministerio o áreas de gobiernos, con el resultado conocido por todos, donde aún se investiga el destino de millones de pesos que no habrían sido destinados a la finalidad querida por el Estado Provincial, con la consecuencia y afectación lógica para los ciudadanos”.
“Para evitar estas licencias de la democracia, que nos perjudican a todos, es necesario dejar de buscar excepciones a la ley, sino por el contrario debemos adecuar la legislación vigente en la provincia y para ello solicitamos derogar dos normas como lo son el Decreto Ley 3566/77 de la época del proceso, es decir ideado bajo un Gobierno de Facto que cuenta con más de 40 años, no hace falta explicar la necesidad de reforma del régimen y la otra la ley de obras públicas que tiene cerca de 20 años, para fundirlas en un nuevo proyecto moderno, actual y transparente”, aseguró el legislador radical.
“Bastante se ha hablado ya de la corrupción en los años y si hay algo que conspira contra el desarrollo sostenible es eso”, finalizó Gutiérrez.
