Se trata de la Fundación Apolo que sostuvo que la información brindada en octubre de 2020 no condice con lo que trascendió días atrás, cuando se divulgó las imágenes de las visita por el cumpleaños de Fabiola Yañez.
La Fundación Apolo denunció penalmente al presidente Alberto Fernánde, por haber ocultado nombres de las personas que visitaron la Quinta de Olivos, durante el aislamiento estricto de la pandemia, entre ellos los asistentes a la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez.
La denuncia se presentó con las firmas de los abogados José Magioncalda, Yamil Santoro y Antonio Fratámico, bajo los delitos de «falsedad idelógica de instrumento público».
Según publicó la agencia Noticias Argentinas, en octubre de 2020, el Gobierno entregó a la fundación – ante un pedido de información pública- un listado de ingresos y egresos a Olivos que no coinciden con los entregados.
“Es falso cuando el Presidente dice que siempre fue transparente al respecto y cada vez está más claro que todo salió a la luz por alguien que desobedeció o cometió un ‘error’», sostuvieron los denunciantes.
La presentación incluye varios ejemplos de diferencias entre la información suministrada a la Fundación y la que trascendió públicamente, que incluye a los concurrentes a la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez.
“Se ha corroborado que la información pública oportunamente solicitada por la Fundación Apolo sobre el registro de ingresos a la Residencia de Olivos difiere de la información pública solicitada en el marco del Expediente EX2021-54441976-APN-DNAIP#AAIP y difundida por el usuario @gonziver”, insiste la denuncia.
En ese contexto, añade que la Fundación “no recibió planilla alguna de las denominadas ‘privadas’, por lo cual no tuvo conocimiento del festejo de cumpleaños de la Primera Dama”.
“Deben investigarse las responsabilidades tanto de quienes suministraron la información desde Casa Militar – Dirección de Seguridad – Residencia Presidencial de Olivos en los archivos Excel… La confirmación de la adulteración de los registros públicos reviste una gravedad tal que, entre otros, violenta directamente la forma republicana de gobierno y el principio de publicidad de los actos de la Administración”, enfatiza el texto.
