El gobernador republicano agregó que ese contenido sobre educación sexual «no es algo apropiado para ningún lugar, pero en especial para Florida». Por eso promulgó la ley cuyo nombre oficial es «Derechos parentales en Educación».
Conforme la nueva norma a partir del 1o de julio de 2022 las familias podrán demandar al distrito escolar de estudiantes menores de 8 años si se enteran de que recibieron información sobre diversidad sexual y género en el aula.
El texto incluye premisas como que «un distrito escolar no podrá promover la conversación en el aula sobre orientación sexual o identidad de género en los niveles primarios».
Activistas LGBT y otros grupos detractores de la norma aseguraron que podría lastimar a estudiantes que son parte de la comunidad LGBT porque recortaría al máximo su acceso a una educación integral necesaria para su desarrollo.
Lo que es más preocupante para quienes se oponen a la flamante ley es que su lenguaje es tan amplio, ambiguo y abarcativo que su efecto podría expandirse a grados superiores (en Estados Unidos existe hasta el 12) y dejar sin recursos valiosos al alumnado adolescente.
Pero De Santis insistió en que los temas sobre identidad de género y orientación sexual son «parte de la agenda ‘woke'», que incluye también cruzadas contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.
