El Gobierno ha anunciado un aumento del salario mínimo por decreto, elevándolo a $220.000, una medida que contrasta con el reclamo del 85% solicitado por la CGT, que habría llevado el salario a unos $288.600.
Ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos, la Secretaría de Trabajo intervendrá para determinar este ajuste crucial. Esta decisión también impacta en el programa Potenciar Trabajo, donde los beneficiarios reciben la mitad del salario mínimo por una labor de cuatro horas diarias, sugiriéndose una posible desvinculación de esta fórmula.
Además, el salario mínimo es una referencia vital para los trabajadores informales y define la exención del impuesto a las Ganancias para aquellos que ganan menos de 15 salarios mínimos, actualmente fijados en $2.340.000.
El laudo, una herramienta gubernamental para intervenir unilateralmente en ausencia de acuerdo, se ha empleado para este incremento salarial, luego de que los sindicatos exigieran un aumento del 85% desde el 1° de febrero, mientras que los empresarios no presentaron una propuesta hasta marzo.
La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la CGT se intensifica, especialmente debido a la disputa sobre la reforma laboral y la reducción de fondos para el sistema de salud sindical.
