En un intento por calmar las aguas del escándalo, el Ejército comienza a distribuir la comida almacenada en los depósitos de Capital Humano. El operativo, que cuenta con la participación del Ministerio de Defensa, busca garantizar una logística rápida y directa hacia los comedores del conurbano bonaerense.
Ante la creciente polémica desatada por el acopio de alimentos en los depósitos de Capital Humano, el Gobierno Nacional ha decidido poner en marcha un operativo de distribución de la mercadería almacenada. Este martes, el Ejército comenzó a trasladar la comida desde los depósitos ubicados en Villa Martelli, Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán, hacia los comedores comunitarios del conurbano bonaerense.
El objetivo de esta iniciativa es garantizar una logística rápida y eficiente, evitando intermediarios y asegurando que la comida llegue directamente a quienes más lo necesitan. Se estima que el operativo de entrega tendrá una duración de dos semanas, siempre teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los productos.
Para supervisar y coordinar el proceso de distribución, el Ministerio de Capital Humano ha firmado un convenio con la Fundación CONIN, que se encargará de certificar los avances periódicos de la distribución y de informar sobre el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores y merenderos.
Este anuncio se produce luego de una reunión entre la titular del Ministerio de Capital Humano y el Presidente, en la que se definieron importantes cambios en el gabinete. Entre ellos, se designó a Yanina Nano Lembo como nueva Secretaria de Niñez y Familia, en reemplazo de Pablo de la Torre, quien fue desplazado junto a otros cuatro funcionarios del área.
El proceso de investigación sobre el manejo de los alimentos y los contratos ya está en manos de la Justicia, con una denuncia presentada por la ministra ante el presunto pago de sobresueldos a través de contrataciones irregulares. Paradójicamente, la causa cayó en el juzgado de Ariel Lijo, el candidato del presidente Javier Milei para ocupar un puesto en la Corte Suprema.
En medio de este escenario, el Gobierno busca recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables se utilicen de manera transparente y eficiente.
