La nueva normativa busca centralizar y controlar las ayudas sociales con criterios objetivos y contraprestaciones claras, según destacó Livio Gutiérrez, Secretario de Coordinación de Gabinete.
El Gobierno provincial ha dado un paso significativo hacia la transparencia y eficiencia en la distribución de beneficios sociales con la aprobación de una ley que elimina los intermediarios. Livio Gutiérrez, Secretario de Coordinación de Gabinete, enfatizó la importancia de esta medida durante una reciente entrevista, subrayando que el objetivo principal es asegurar que las ayudas lleguen directamente a quienes más las necesitan.
«Tratamos de tener un sistema sin intermediarios. La intermediación de la ayuda social y el lucro con la pobreza es algo que la gente detesta», afirmó Gutiérrez. La ley, recién aprobada el miércoles pasado, establece un marco donde las ayudas sociales, ya sean becas, ayudas en vivienda o en salud, estarán unificadas y reguladas por criterios socioeconómicos claros.
Uno de los aspectos destacados de la nueva legislación es la implementación de contraprestaciones. «Los beneficios tienen que venir con una contraprestación», explicó Gutiérrez. Esto significa que los beneficiarios deberán cumplir con requisitos específicos, como presentar constancias de estudios regulares o certificados de capacitación, para mantener su acceso a las ayudas sociales.
El Secretario de Coordinación de Gabinete también abordó las preocupaciones sobre la temporalidad de los beneficios y los posibles abusos futuros. «La ley establece un plazo de temporalidad del beneficio, no es para siempre», aseguró Gutiérrez. Esto, junto con los mecanismos de control implementados, busca prevenir cualquier uso político de los beneficios sociales en el futuro.
Si bien la ley fue aprobada sin problemas significativos, Gutiérrez mencionó que hubo discusiones sobre ciertos términos, como la inclusión de cooperativas y fundaciones, que fueron objeto de debate durante el proceso legislativo. No obstante, el funcionario expresó confianza en que la normativa fortalecerá el programa Ñacheque y otros programas sociales de la provincia, al tiempo que garantizará una distribución más equitativa y transparente de los recursos públicos.
En resumen, la ley representa un avance hacia una gestión más eficiente y responsable de los beneficios sociales en la provincia, alineándose con las políticas públicas prioritarias del Gobierno provincial para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
