El padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual infantil y corrupción de menores, seguirá cumpliendo su condena en la cárcel de Campana. El Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón denegó su solicitud de libertad condicional, presentada tras haber cumplido 11 años de su sentencia. Durante la audiencia, Grassi se defendió a sí mismo, proclamando su inocencia y asegurando estar preparado para reintegrarse a la sociedad, mencionando que tenía un proyecto de vida distinto y que deseaba dedicarse a labores pastorales y legales en beneficio de personas detenidas.
A pesar de su alegato, el tribunal, compuesto por los jueces Mariana Maldonado, Juan Carlos Uboldi y Claudio Chaminade, rechazó la solicitud de Grassi, quien seguía la audiencia de manera remota desde la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana. El tribunal argumentó que el condenado no cumplía con los requisitos necesarios para obtener la libertad condicional, ya que no reconoce la gravedad de sus delitos y no muestra un arrepentimiento genuino, factores clave para su reinserción social.
Durante la audiencia, el fiscal Mario Ravizzini y los querellantes Sergio Piris y Juan Pablo Gallego también se opusieron a la liberación de Grassi. Argumentaron que el religioso no había recapacitado durante su tiempo en prisión y que su liberación representaría un peligro, tanto por su falta de reconocimiento del daño causado como por la gravedad de los delitos por los que fue condenado. Gallego, representante del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina, fue especialmente crítico, calificando a Grassi como un «monstruo en directo» y destacando que su comportamiento durante el proceso judicial demostraba que no estaba apto para reinsertarse en la sociedad.
El tribunal fijó la fecha del 2 de septiembre para dar a conocer los fundamentos jurídicos de su decisión. Mientras tanto, se espera que Grassi presente un recurso de apelación, buscando revertir el fallo en su contra. Su condena, que fue confirmada por la Corte Suprema en 2017, se prolongará hasta mayo de 2028, tras la revisión de su pena por la Cámara de Apelaciones de Morón en 2023, que desestimó la aplicación del beneficio del «dos por uno».
