En una ajustada votación, el gobierno de Javier Milei logró mantener su veto a la ley de financiamiento universitario, que proponía un incremento retroactivo de salarios para docentes y no docentes indexados por inflación desde enero. La Casa Rosada argumentó que la implementación de esta medida pondría en peligro el equilibrio fiscal, un elemento central de su política económica.
Con 85 votos a favor del veto, el oficialismo consiguió bloquear el intento de la oposición, que reunió 160 votos para reinstaurar el proyecto. Sin embargo, la Cámara de Diputados requería una mayoría de dos tercios de los presentes para revertir el veto presidencial, por lo que las ausencias y abstenciones jugaron un papel decisivo.
El PRO, que había mostrado tensiones internas sobre el tema, fue un aliado crucial para el Gobierno. La intervención de Mauricio Macri resultó fundamental para ordenar a su bancada, que mayoritariamente respaldó el veto con 35 votos. Aunque algunos sectores del PRO, alineados con Rodríguez Larreta, votaron en contra, la mayoría se mantuvo fiel a la estrategia del oficialismo.
Por su parte, los libertarios conservaron sus 39 votos, aunque la diputada Lourdes Arrieta rompió con su bloque y apoyó la ley de financiamiento universitario. Otros aliados del Gobierno, como el tucumano Osvaldo Jaldo y el misionero Carlos Rovira, instruyeron a sus diputados a respaldar el veto o abstenerse, lo que inclinó la balanza a favor del Ejecutivo.
El radicalismo, principal impulsor de la ley, quedó nuevamente dividido. Algunos de sus miembros, que ya habían respaldado al oficialismo en la reforma jubilatoria, optaron por sostener el veto, mientras que otros se abstuvieron o votaron a favor del proyecto original.
Tras la ratificación del veto, los gremios docentes anunciaron un paro general en las universidades, en protesta por la falta de mejoras salariales. El Gobierno, en un intento de contener el descontento, anunció un aumento en la Garantía Salarial Docente, pero el conflicto continúa escalando.
Este resultado muestra las profundas divisiones en el Congreso y la complejidad de las negociaciones entre el Gobierno y sus aliados para sostener sus políticas en un contexto de alta conflictividad social y económica.
