La jefa comunal de Enrique Urien es acusada de cobrar una pensión por invalidez mientras percibía su salario como funcionaria pública. La causa, iniciada en 2020, avanza tras un reciente fallo judicial.
El Juzgado Federal de Sáenz Peña procesó a Liliana del Carmen Pascua, intendenta de Enrique Urien, por el presunto delito de fraude en perjuicio de la administración pública. La investigación, iniciada en 2020, se centra en el cobro simultáneo de una pensión no contributiva por invalidez y su salario como funcionaria, lo que violaría la Ley 26.818.
Según la causa, Pascua percibió la pensión desde 2008 hasta diciembre de 2013, incluso después de asumir como intendenta en julio de ese año y solicitar la baja del beneficio. Además, se la acusa de haber superado los límites de ingresos establecidos para la compatibilidad de estos beneficios.
El caso incluye pruebas como registros de ANSES, informes del Ministerio de Desarrollo Social y movimientos bancarios, que evidencian el cobro indebido de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo y el Programa Hogar, incluso después de la baja de la pensión.
En su reciente fallo, el juez federal determinó procesar a Pascua por fraude, descartando el delito de falsedad ideológica al corroborar que la discapacidad que justificó la pensión era real. La resolución mantiene activa una investigación que podría derivar en nuevas medidas contra la intendenta.
