Alberto Fernández enfrentará una nueva denuncia por asociación ilícita en un esquema de comisiones millonarias
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La Fundación Apolo presentó una denuncia judicial que involucra al expresidente, a Héctor Martínez Sosa y a Alberto Pagliano por un presunto esquema de comisiones ilegales en contrataciones de seguros tanto a nivel nacional como provincial.
El expresidente Alberto Fernández se enfrenta a una nueva denuncia presentada por la Fundación Apolo, que lo acusa de presunta asociación ilícita en un esquema de comisiones millonarias mediante intermediarios en contrataciones de seguros. La denuncia involucra también al empresario Héctor Martínez Sosa y al expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por presunto fraude contra la administración pública.
Según el escrito, este esquema de corrupción habría comenzado en 2006 en la empresa estatal bonaerense «Provincia Seguros» y se replicó posteriormente en Nación Seguros durante la presidencia de Fernández. Los denunciantes aseguran que el esquema operaba mediante la imposición de intermediarios en los contratos de seguros de organismos públicos, a pesar de que existía una prohibición explícita de utilizar intermediarios.
El documento fue firmado por el director de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, el jefe del equipo legal, José Magioncalda, y los abogados Nicolás Silvera e Ignacio Falcón. Según Santoro, la causa «Seguros» representa un «plan sistemático» que lleva más de dos décadas operando bajo estructuras similares dentro del Estado argentino. Además, Santoro destacó que esta red de corrupción aún sigue activa.
La denuncia también hace referencia a un decreto emitido durante la presidencia de Fernández, que obligaba a los entes nacionales a contratar exclusivamente con Nación Seguros, favoreciendo así el esquema de intermediarios. Se acusa a Martínez Sosa de ser el principal intermediario entre los organismos públicos y la empresa aseguradora.
El documento de la denuncia resalta que este esquema no solo operó a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires entre 2004 y 2006, donde un decreto similar obligaba a los organismos provinciales a contratar con «Provincia Seguros SA», permitiendo igualmente la intervención de intermediarios bajo la figura de «mandatarios».
Finalmente, la denuncia también hace alusión a la compra de la empresa «Vanguardia SA» en Tierra del Fuego, propiedad de la familia Martínez Sosa, por parte del Grupo Bapro, durante la vicepresidencia de Fernández, operación que según los denunciantes carece de justificación clara.
