En la localidad chaqueña de Juan José Castelli, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) citó a 2.800 beneficiarios de pensiones por discapacidad para realizar auditorías médicas. Sin embargo, más de la mitad de los convocados no se presentó, lo que generó preocupación sobre la transparencia en la asignación de estos beneficios.
Las auditorías, llevadas a cabo en la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), forman parte de una investigación más amplia que busca identificar posibles casos de pensiones otorgadas de manera irregular. Actualmente, Chaco registra 99.090 beneficiarios de pensiones por discapacidad, en un sistema que ha sido señalado por presentar serias inconsistencias.
Desde agosto del año pasado, las investigaciones están a cargo del fiscal federal Carlos Amad, quien inició el análisis tras detectar posibles irregularidades en Taco Pozo. Estas indagaciones se extendieron a otras localidades como Sáenz Peña, Charata, Villa Ángela, y Tres Isletas, entre otras, cubriendo una vasta área de la jurisdicción de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña.
En esta primera etapa, ya se han investigado 5.000 casos en localidades como Las Breñas, Presidencia de la Plaza, General San Martín y Castelli. El bajo nivel de asistencia a las citaciones en Castelli refleja una respuesta que, según fuentes oficiales, podría complicar aún más la validación de las pensiones.
El proceso apunta a garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, eliminando beneficios fraudulentos. A pesar del esfuerzo, la escasa concurrencia en esta etapa inicial plantea interrogantes sobre el seguimiento y cumplimiento de las medidas en futuras auditorías.
