Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó serias irregularidades en la entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral en la provincia de Chaco, revelando que más del 66% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos legales para recibir el subsidio. En algunos casos, los fraudes alcanzaron niveles alarmantes, con informes médicos falsos y diagnósticos inexistentes.
El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmó que estas auditorías buscan garantizar que los beneficios lleguen únicamente a quienes los necesitan y desterrar la corrupción de este sistema de asistencia. Actualmente, los operativos se concentran en localidades chaqueñas como Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas y Castelli.
Resultados de la Auditoría
De los 2.689 beneficiarios convocados a la auditoría:
- 13.58% (365 casos): Cumplieron con los requisitos para mantener el beneficio.
- 66.79% (1.796 casos): Resultaron desfavorables y serán dados de baja.
- 12.83% (345 casos): No asistieron a la convocatoria.
- 6.81% (183 casos): Aún están bajo revisión médica.
La agencia destacó que estas irregularidades fueron detectadas en pensiones otorgadas durante la gestión del exgobernador Jorge Milton Capitanich. El actual gobernador, Leandro Zdero, aseguró que colaborará con las investigaciones en curso.
Casos impactantes
Entre los hallazgos más sorprendentes:
- Amputación falsa: Una mujer que percibía el beneficio por una supuesta amputación del brazo derecho estaba en perfecto estado de salud.
- Diagnósticos contradictorios: Algunos beneficiarios presentaron informes médicos falsos, como hipertensión en lugar de diabetes o dolencias inexistentes.
- Cáncer de mama inexistente: Una beneficiaria confesó no haber sido diagnosticada con cáncer ni haberse realizado exámenes médicos.
- Pensión por pie plano: Una niña fue beneficiada por esta condición, lo que puso en duda la rigurosidad de los criterios médicos.
En Taco Pozo, donde el 10% de los habitantes recibe pensiones por invalidez, el fiscal federal Carlos Amad denunció que el 97% de estos beneficios son fraudulentos. La investigación incluye 9 imputados, entre ellos médicos, gestores, funcionarios municipales y el intendente Carlos Antonio Ibáñez.
Impacto económico y político
Según un informe oficial, el desvío de fondos durante la gestión de Alberto Fernández alcanzó el 40% del presupuesto anual destinado a pensiones, lo que representa un perjuicio de 3.400 millones de dólares al año. Desde la Casa Rosada, señalaron que estas pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio político, perjudicando a las personas con discapacidades reales.
El portavoz presidencial Manuel Adorni declaró:
«Esto es una vergüenza que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Estamos comprometidos a limpiar este sistema corrupto y devolver los recursos a quienes realmente los necesitan».
