La jueza Emilia María Valle juró como presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco durante 2025, rol que ejercerá por tercera vez luego de que lo hiciera en 2019 y 2022.
Además, en virtud del acuerdo extraordinario 40/24, el orden de subrogancias para el año que viene será: Néstor Enrique Varela, Alberto Mario Modi, Iride Isabel María Grillo y Víctor del Río.
En tanto que las salas quedaron integradas de la siguiente manera: Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral: (Varela -presidente- y Modi) y Sala Segunda en lo Criminal y Correccional: (Del Río -presidente- y Grillo).
Mientras que para los casos en que el Superior Tribunal actúe en causas originarias el orden será: Valle, Varela, Modi, Grillo y Del Río.
En el acto, realizado en el auditorio del STJ, estuvieron presentes también sus pares: Varela, Modi, Grillo y Del Río; el gobernador Leandro Zdero; la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado; la vicegobernadora Silvana Schneider; el procurador general Jorge Canteros; la defensora general Alicia Alcalá.
Es nuestro deber dar respuestas a la ciudadanía
Durante su discurso, Valle enfatizó: «En estos tiempos, más que nunca, es nuestro deber dar las respuestas que la ciudadanía chaqueña espera y merece» y bregó para que «no nos detengan las dificultades». «Las mejores planificaciones, programas, desarrollos, metas no dejan de ser abstracciones grandilocuentes si no hay personas dispuestas a asumir compromisos y hacerse responsables», agregó.
Más adelante recordó: «la percepción de la ciudadanía que es posible recurrir al Poder Judicial a fin de reclamar el cumplimiento de las promesas enunciadas en forma de objetivos en el Preámbulo de la Constitución constituye el primer paso en el afianzamiento de la confianza pública en las instituciones».
En ese sentido señaló: «la justicia no es un destino, sino un camino que construimos juntos» y que exige «compromiso, vocación perseverancia y, sobre todo, voluntad de construir la paz social».
Valle destacó a 2024 como «un año histórico» porque coincidieron el 30 aniversario de la reforma constitucional, de la creación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) y 40 años de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
«Una Presidencia que no es más que la continuidad, la profundización y la actualización de proyectos e ideas que se han venido llevando adelante» en la que cada presidenta o presidente «comunica, socializa, representa y ejecuta las decisiones del conjunto aunque desde el estilo de conducción que le es propio», afirmó y enfatizó que en su caso la postula desde «el diálogo, el consenso, la escucha atenta, la disponibilidad, la autocrítica y la aceptación de la crítica constructiva».
También bregó por «el diálogo serio y responsable con los otros poderes del Estado» sin que esto implique invadir el ámbito que le es propio a cada uno. «Sin un Poder Judicial independiente no hay República, no hay Constitución, ni derechos individuales ni límite alguno al ejercicio del poder, lo que en modo alguno impide y es necesaria, la existencia de lazos de coordinación y cooperación entre los poderes del estado para el desarrollo de políticas públicas», remarcó.
En tanto que destacó el diálogo «fecundo y el trabajo articulado» con las y los trabajadores judiciales, colegios y consejo de la abogacía, otras instituciones profesionales, universidades y organizaciones sociales.
Además valoró «la austeridad con que se maneja el Poder Judicial», algo que se refleja en que su presupuesto para 2025 solo representa 5.85% del total provincial y destacó que implicó un incremento del uno por ciento respecto del año anterior.
Por otro lado reconoció la «ardua y comprometida labor del capital humano que integra este Poder del Estado, organismos jurisdiccionales, no jurisdiccionales, oficinas de apoyo, salas del stj, superintendencia, los Ministerios públicos de la defensa y la acusación».
En cuanto al acceso a justicia, Valle subrayó que «se consolida diariamente» a través del trabajo de los 79 juzgados de paz y faltas que representan «el brazo extendido de la justicia, el Centro Público de Mediación (que trató más de 6.600 casos), Centro Judicial de Género (con intensa actividad en capacitaciones, gestión de bases de jurisprudencia con perspectiva de género, monitoreo de prácticas judiciales,), Mesas de Atención a la Víctima y la Ciudadanía (que recibieron más de 350 manifestaciones de victimas, 4.000 solicitudes de informes y 7.500 gestiones de trámite). A eso se suma «la gran labor de la Coordinación Integral de Pueblos indígenas a cargo de Elizabet González y su asesor jurídico Daniel Escalante, primer abogado qom». «Actualmente hay integrantes de los tres pueblos indígenas como personal administrativo en las distintas circunscripciones» que «ingresaron por concursos» y a los que deben sumarse quienes integran el registro especial de traductores e intérpretes de lenguas indígenas.
Valle también destacó los cinco años de vigencia del sistema de juicios por jurados a través del cual se realizaron 70 juicios en la provincia y aseguró que cuenta con «bondades como: aceptación de los fallos por parte de la ciudadanía, responsabilidad y compromiso de los jueces populares y las expresiones de estos en cuanto a la experiencia vivida de lo que dan cuenta los estudios empíricos de Valerie Hans de la Universidad de Cornell (Estados Unidos)».
Las capacitaciones constituyen un pilar fundamental de la justicia chaqueña. Así, el Centro de Estudios Judiciales «la primera escuela judicial del país y Latinoamérica» realizó más de 265 actividades equivalentes a 862 horas de capacitación con más de 12.559 participantes.
En el apartado de capital humano, la presidenta del STJ, destacó el «avance» que tuvo «la recomposición salarial producto del ajuste por revisión ley 2434-A aplicado trimestralmente al que se adicionó la pauta general para el resto de la administración pública, más allá de la asignatura pendiente de alcanzar la media nacional».
Más adelante se refirió a la continuidad de «la política transparente de ingresos y ascensos mediante el sistema de concursos de antecedentes y oposición» en consonancia con «la decisión firme y política de austeridad de no aumentar el plantel más allá de lo estrictamente necesario». Actualmente hay 4.065 trabajadores en planta.
Valle subrayó especialmente los concursos de ingresos como auxiliar administrativo para integrantes de pueblos indígenas y los de ordenanzas para pasar a categoría de administrativos, junto con la culminación de las primeras etapas en los de administrativos de Juzgados de Paz y Faltas para 73 localidades de las seis circunscripciones judiciales, exceptuando las cabeceras.
A ello sumó la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Rural y Ambiental de Machagai y el programa de inducción para ingresantes propuesto por el Departamento de Gestión de Calidad Judicial y Desarrollo Humano.
Durante el año que viene se sumarán los juzgados de Niñez, Adolescencia y Familia N° 7 de Resistencia y N° 3 de Sáenz Peña, nuevas fiscalías de investigación en Villa Ángela y Sáenz Peña, circunscripción que también contará con una fiscalía antidrogas.
Por otra parte remarcó que se realizaron múltiples tareas de mantenimiento y refacción de edificios judiciales, así como adecuación de inmuebles alquilados en toda la provincia que requirieron una inversión de $435 millones. A la vez que definió como «imperiosa» la construcción de una sala de juicio por jurados en Resistencia porque actualmente es la única circunscripción «que no cuenta con una sala adecuada. Los juicios se realizan en el CEJ que no solo no reúne las condiciones apropiadas, sino que se obstaculizan las actividades de capacitación».
También calificó de «relevante y postergada por cuestiones presupuestarias» la construcción de la tercera torre del fuero civil y comercial en la capital de la provincia. Al tiempo que continuarán las tareas de refacción, mantenimiento y ampliación de juzgados de paz y faltas y edificios judiciales.
La presidenta del Superior Tribunal aseveró que la transformación e innovación en la justicia «va más allá de la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías» e incluye «ir hacia una justicia comprensible» y hacia «una nueva dinámica protagonizada por la comunidad». «Sin dudas el uso de nuevas tecnologías está cambiando la fisonomía de los poderes judiciales, garantizando procesos más ágiles y eficaces y simplificando el acceso a justicia», agregó. En esta línea destacó que el poder judicial del Chaco se sumó al Programa Piloto para el uso el uso ético, estratégico y responsable de la IA generativa en la justicia argentina de JUFEJUS.
Este año se invirtió $931.000.000 para adquirir, entre otros bienes y servicios, 650 equipos de computación, 800 monitores, 100 impresoras láser departamentales, scanners, cámaras web, licencias de software, etcétera. Además «duplicamos la capacidad del almacén principal de datos, descentralizamos el data center principal en dos localidades y aumentamos diez veces la velocidad de comunicación entre cabeceras e idéntica ampliación se contrató para quince juzgados de paz y altas». Al mismo tiempo «llegamos con la digitalización de expedientes y el sistema IURE al fuero de niñez, adolescencia y familia en toda la provincia, nos incorporamos al Bus Federal de justicia Argentina de JUFEJUS e implementamos la subasta judicial electrónica».
Para 2025 se prevé continuar con el proceso de mejora y consolidación de los sistemas IURE y SIGI, se implementará el IURE en la justicia de paz y faltas de la provincia, el uso de la IA integrada a lURE y SIGI, y se seguirá con las políticas renovación de parque informático y seguridad.
En otro tramo de su discurso, Valle, explicó que, en 2024, invirtieron aproximadamente $575.000.000 en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) para adquisición de un cromatógrafo líquido, un espectroscopio de absorción atómica que es clave para pericias balísticas y otros equipos que participan en la cadena de procedimientos para otro tipo de pericias. La política de actualización y renovación de equipos continuará durante el año que viene.
Este organismo que representa un «pilar fundamental como referente a nivel nacional» recertificó la norma ISO 9001-2015 y obtuvo la acreditación del laboratorio de genética forense.
En el tramo final se refirió a la cuestión ambiental y consideró: «el avance científico, la búsqueda de justicia y la protección del medio ambiente, que son tres pilares fundamentales para el bienestar social, se encuentran claramente vinculados. No podemos aspirar a un futuro próspero y sostenible si abordamos estos temas de forma aislada». «Nos interpelan las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global, la transición energética hacia energías renovables, la extinción de las especies, la tala indiscriminada de bosques nativos, el uso indiscriminado de tierras fértiles y la dimensión socioeconómica de la problemática ambiental entre otras cuestiones», añadió.
En ese sentido, remarcó el funcionamiento de las fiscalías rurales y ambientales y describió que el STJ trabaja a través de su biblioteca en armar «una base de jurisprudencia y legislación sobre el tema» y que pretenden crear «una plataforma impulsada por IA que proporcione información sobre legislación ambiental, casos, precedentes, jurisprudencia internacional sobre la materia que podría organizarse en el sitio web del poder judicial».
Por último agradeció «el esfuerzo y vocación de nuestros trabajadores judiciales, la dedicación silenciosa y permanente de todos nuestros equipos de trabajo y desde luego, el apoyo incondicional de mi familia».
