La Justicia avanzó en la investigación por las torturas a los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa en 1974. El exsuboficial Gabino Manader enfrentará juicio por su rol en la represión ilegal.
La Justicia Federal de Resistencia elevó a juicio la causa «Ligas Agrarias 2: Sacerdotes», que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chaco durante la década del 70. La medida impulsada por la Fiscalía Federal apunta al exsuboficial mayor de la Policía provincial, Gabino Manader, acusado de la detención ilegal y torturas contra los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa en la Alcaidía de Sáenz Peña en abril de 1974.
El expediente reconstruye el rol de ambos religiosos dentro del Movimiento Rural Católico y su participación en la fundación de las Ligas Agrarias, una organización que agrupaba a pequeños productores en la provincia. Según la investigación, el 14 de abril de 1974, Núñez y Testa fueron arrestados por la Policía del Chaco y sometidos a sesiones de tortura bajo la supervisión de una comisión liderada por el jefe policial Carlos Alcides Thomas, su subjefe Wenceslao Ceniquel y el suboficial Manader, único sobreviviente de ese grupo.
El relato judicial se basa en testimonios de las víctimas, declaraciones de otros detenidos, informes médicos y documentos previos. Como consecuencia de la represión, Núñez pasó cinco años en prisión y luego se radicó en Rosario, donde continuó su labor social hasta su fallecimiento. Testa, en tanto, fue trasladado a la Alcaidía de Resistencia y en 1978 fue deportado a Italia, para luego desarrollar su vida sacerdotal en Nicaragua y Colombia.
El requerimiento fiscal enmarca estos hechos en un ataque sistemático contra la población civil, parte de un plan represivo que se intensificó tras el golpe de 1976. En Chaco, causas como Caballero 1, 2 y 3 han demostrado la existencia de un esquema de persecución y tortura organizado desde la Brigada de Investigaciones.
El caso de Núñez y Testa se suma al juicio «Ligas Agrarias», que abordó crímenes contra dirigentes campesinos. La Fiscalía sostiene que la represión no solo buscó eliminar la disidencia política, sino también desarticular movimientos que desafiaban el modelo económico impuesto por las dictaduras. La elevación a juicio de esta causa representa un nuevo paso en la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado en la región.
