El Gobierno nacional se encuentra en pleno diseño de un nuevo sistema de subsidios para el consumo energético que podría impactar directamente en más de 9,5 millones de hogares que actualmente reciben asistencia en sus tarifas eléctricas. El objetivo principal es reducir el gasto público en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reorientar la ayuda estatal exclusivamente hacia los sectores más vulnerables.
Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), en la actualidad existen 16,3 millones de usuarios de electricidad en todo el país. De ese total, el 60% accede a tarifas subsidiadas: 6,2 millones corresponden a hogares de bajos ingresos (Nivel 2) y 3,2 millones a familias de ingresos medios (Nivel 3). Solo el 42% paga la tarifa plena (Nivel 1).
El sistema vigente de segmentación por niveles podría ser reemplazado por un modelo más focalizado, que excluiría a una gran parte de los usuarios de clase media. Desde la Secretaría de Energía reconocen que uno de los mayores desafíos es la falta de información completa y actualizada sobre la situación socioeconómica de los usuarios, lo que complica la identificación precisa de los beneficiarios.
Un ajuste en marcha y un cambio gradual
Aunque el rediseño del sistema todavía está en proceso, ya se han comenzado a aplicar ajustes. En los últimos meses, se redujeron progresivamente los descuentos sobre el precio de la energía que reciben los usuarios residenciales. Si bien no se esperan cambios drásticos en lo que resta del año, fuentes oficiales no descartan acelerar el recorte si las necesidades fiscales lo exigen.
Desde que comenzó la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, las tarifas eléctricas aumentaron un 264% y las de gas un 622% en hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires que no reciben subsidios, de acuerdo al Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).
El gasto en subsidios energéticos cayó un 35% en 2024 en comparación con el año anterior, totalizando USD 6.252 millones, y se proyecta una baja aún mayor este año: según la consultora Economía y Energía, en 2025 el monto alcanzaría USD 4.433 millones, lo que representaría apenas el 0,7% del PBI, el nivel más bajo en casi dos décadas.
Nuevo marco regulatorio y libre contratación
Otro de los pilares del cambio será la transformación del mercado mayorista eléctrico. Con la reciente Resolución 21/2025, la Secretaría de Energía autorizó a las empresas a firmar contratos de compra y venta de energía sin pasar por CAMMESA, la compañía estatal que durante más de 20 años centralizó estas operaciones. La medida busca recuperar la lógica de libre mercado que rigió en los años noventa y, eventualmente, mejorar la eficiencia del sistema.
Sin embargo, para que ese modelo funcione, las tarifas deberán reflejar el costo real del servicio. Solo así podrán eliminarse los subsidios cruzados y garantizar un flujo sustentable entre generadoras, distribuidoras y usuarios.
Mientras tanto, la Secretaría avanza con la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para establecer un plan de inversiones, actualizaciones mensuales y subas escalonadas. Las distribuidoras del AMBA, como Edesur y Edenor, estarán sujetas además a exigencias específicas de mejora en la calidad del servicio, particularmente en los índices de cortes.
Un nuevo esquema en tiempos de cambio
La salida del cepo cambiario y la flotación del tipo de cambio añaden otra capa de incertidumbre. Aún no está claro si el alza del dólar se trasladará directamente a las facturas o si será absorbida, al menos en parte, por nuevos subsidios.
En un contexto donde se combinan la necesidad de consolidación fiscal, las presiones inflacionarias y la reorganización del sistema energético, el rediseño del esquema de subsidios se presenta como una pieza clave de la política económica del Gobierno para lo que resta del año.
