Más de quince magistrados presentaron un pedido formal a la presidenta del STJ, Emilia Valle, ante las reiteradas fallas del sistema digital IURE. Advirtieron que los problemas técnicos comprometen el acceso a la justicia y exigieron soluciones urgentes.
Un grupo de al menos 18 jueces de toda la provincia del Chaco elevó un reclamo formal a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilia Valle, por los serios inconvenientes que presenta el sistema IURE, la plataforma digital que gestiona la actividad diaria de los tribunales. Solicitaron la inmediata intervención de la Dirección General de Tecnología y un informe técnico para evaluar soluciones.
IURE es el Sistema Integrado de Gestión e Información Judicial del Chaco. A través de esta herramienta, jueces, abogados y operadores judiciales realizan desde presentaciones hasta firmas de sentencias y acceso a cuentas bancarias, por lo que su funcionamiento resulta clave, especialmente de cara a la aplicación obligatoria del expediente digital a partir del 1 de octubre.
Entre los principales reclamos, los magistrados señalaron que el sistema no guarda resoluciones, borra trabajo ya realizado y muchas veces impide firmar sentencias. Estas fallas, advirtieron, obstaculizan gravemente la labor de los juzgados civiles y penales.
Los abogados litigantes también se sumaron a las críticas, cuestionando la lentitud de la plataforma, la imposibilidad de operar desde celulares y fallas al exportar expedientes. “Es muy difícil trabajar así, sobre todo si estás en territorio”, expresó uno de ellos.
Los firmantes apuntaron a deficiencias estructurales y reclamaron una gestión más conectada con la realidad del sistema judicial. También pusieron en duda la idoneidad de la Dirección de Tecnología, a cargo de Daniel Chapo, a quien responsabilizan por la falta de respuestas.
El sistema IURE ya había sido motivo de polémica durante la pandemia, cuando un ciberataque lo dejó fuera de servicio durante semanas. Hoy, con mayor dependencia del expediente digital, la situación vuelve a poner en riesgo el acceso efectivo a la justicia.
