Con la desregulación del gobierno nacional, las grandes industrias yerbateras se imponen en un mercado concentrado, mientras miles de productores misioneros reclaman precios justos que les permitan sobrevivir.
En el inicio de la cosecha gruesa, la tensión en el sector yerbatero crece: los 13.000 colonos de Misiones recibirán $305 por kilo de hoja verde, cuando reclaman $390 para cubrir costos y lograr una mínima rentabilidad. El precio, fijado de forma unilateral por la industria, refleja un escenario de profunda desigualdad, donde las grandes marcas ganan terreno y los pequeños productores quedan desprotegidos.
Taragüí, Playadito, Nobleza Gaucha y otras marcas líderes dominan el negocio de la yerba mate, tras la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que regulaba precios y limitaba la expansión descontrolada del cultivo. El decreto 70/23, impulsado por el gobierno de Javier Milei, desactivó el organismo y liberó el mercado. Desde entonces, la concentración se profundizó.
“Los productores esperaban $390 por kilo, eso les permitía cubrir gastos. Hoy arrancamos la zafra con $305, y tal vez suba en junio”, explicó Héctor Dingler, presidente de la cooperativa Dos de Mayo, que agrupa a 122 productores en el interior de Misiones. El conflicto estalló durante el verano, cuando el precio bajó a menos de $200, por debajo del costo de producción, dejando a muchos al borde del quebranto.
Misiones concentra el 85% de la producción primaria de yerba, pero solo procesa el 35%. El resto se traslada a Corrientes, donde están radicadas las grandes industrias que transforman la yerba en producto final y dominan la cadena de valor. Desde allí surgió el lobby político que impulsó la desregulación del sector.
“Las industrias de Corrientes son las más beneficiadas. Las Marías y Playadito controlan más del 40% del mercado”, señaló el diputado misionero Cristian Castro, del Partido Agrario y Social. Las Marías, propiedad de la familia Navajas Artaza, tiene un rol protagónico: produce Taragüí, Unión, Mañanita y La Merced, concentra el 70% de las exportaciones y mantiene vínculos con la política nacional y provincial.
La cadena de valor exhibe una brecha alarmante: el kilo de hoja verde se paga a $305, la yerba canchada se comercializa a $1.100, y el paquete llega a las góndolas a más de $4.000. Según Dingler, el 40% del precio final corresponde a impuestos, pero la industria controla ambas puntas: define cuánto pagar por la materia prima y a qué valor vender al consumidor.
El mercado se concentra: los diez molinos más grandes controlan el 80% del sector. Mientras tanto, el 90% de los productores misioneros posee menos de 30 hectáreas. Son agricultores familiares que, ante la falta de regulación, se ven obligados a vender sus chacras o aceptar condiciones impuestas por los grandes jugadores.
“El INYM marcaba una grilla de costos y garantizaba un mínimo de rentabilidad. Ahora, con el libre mercado, desaparece esa herramienta clave”, advirtió Dingler. La liberalización también eliminó los cupos de plantación, lo que favorece a grandes inversores que siembran miles de hectáreas con nuevos métodos intensivos que duplican el rendimiento por hectárea.
En paralelo, el gobierno nacional no da señales de revertir la situación. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, fue contundente: “Que los pequeños productores se dediquen a otra cosa. La yerba queda para los grandes”.
La desregulación avanza, mientras crece el control de las familias históricas del negocio. A Las Marías se suman Liebig (Playadito), los Puerta (Chamigo y Nobleza Gaucha), La Cachuera (Amanda), los Hreñuk (Rosamonte), los Werthein (Cachamai) y la familia Orquera (CBSé). El mapa del poder yerbatero se define entre política, negocios y concentración.
