La Justicia secuestró dos camiones en un galpón y avanza sobre referentes de organizaciones sociales
En el marco de una investigación por lavado de activos y desvío de fondos públicos, la Justicia Federal de Resistencia llevó a cabo un nuevo allanamiento en un galpón de Villa Don Andrés, en la calle Lisandro de la Torre 3400. El procedimiento, ordenado por el fiscal federal Patricio Sabadini y ejecutado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco, tuvo lugar en la tarde del jueves y sumó nuevas pruebas a la causa que involucra a dirigentes de organizaciones sociales.
Durante el operativo, los agentes secuestraron dos camiones, un Ford F-350D, modelo 1991, y un Mercedes Benz 1114, blanco con negro, presuntamente en poder de Diego Armando Rolón, uno de los imputados en la investigación.
Este allanamiento se suma a los realizados en semanas anteriores, cuando la Justicia ordenó la detención de cuatro referentes sociales acusados de desviar más de $220 millones mediante subsidios y contratos irregulares. Entre los principales imputados figuran Marcos Antonio Cáceres, Lucas Alexis Torales Cordeiro, Diego Armando Rolón y Juan Carlos Rolón, quienes habrían utilizado cooperativas y fundaciones para triangular dinero estatal y blanquearlo a través de compras e inversiones.
Las pruebas recolectadas hasta el momento exponen un crecimiento patrimonial desproporcionado de los acusados. Por ejemplo, Cáceres, monotributista y empleado municipal, posee vehículos de alta gama y propiedades de alto valor, sin ingresos que justifiquen dichas adquisiciones.
En operativos previos, la Justicia ya había incautado dinero en efectivo, armas, terrenos y más de una docena de vehículos. Ahora, con este nuevo procedimiento, la hipótesis de que los bienes adquiridos con fondos públicos fueron ocultados en distintos puntos de la provincia cobra mayor fuerza.
El fiscal Sabadini destacó que el delito de lavado de activos está agravado por habitualidad y organización, lo que podría derivar en penas más severas para los implicados. Además, señaló que la investigación sigue abierta y podría alcanzar a más personas involucradas en la red de desvío de fondos.
Mientras tanto, la Justicia ha ordenado la inhibición de bienes de los imputados y el análisis de sus movimientos financieros. Se prevén nuevos allanamientos en los próximos días, mientras las organizaciones piqueteras involucradas guardan silencio y los acusados continúan detenidos a la espera de avances en el proceso judicial.
