El fallo de la jueza Marcela Cortés sienta un precedente en la provincia. La víctima pertenece al Ministerio de Gobierno, y el hecho ocurrió en una asamblea gremial de UPCP. El Gobierno anunció sanciones y capacitaciones obligatorias.
Por primera vez en Chaco, tres personas fueron condenadas por violencia digital en un fallo considerado histórico. La jueza de Faltas, Marcela Cortés, sentenció a los responsables por haber difundido imágenes íntimas sin consentimiento de una funcionaria pública del Ministerio de Gobierno. El hecho ocurrió durante una asamblea de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) entre mayo y junio de 2024.
Desde el Gobierno destacaron que se trata de la primera condena por violencia de género digital en el marco del nuevo capítulo sobre identidad digital del Código de Faltas. La subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, remarcó la gravedad institucional del caso y criticó el “silencio cómplice” de quienes debieron proteger a la víctima. También subrayó que una de las condenadas es una mujer, lo que marca otro precedente: la primera sanción a una persona de sexo femenino por este tipo de violencia contra otra mujer.
Entre los condenados figura la expareja de la víctima, quien deberá pagar una multa equivalente a 16 salarios mínimos y realizar un tratamiento psicológico con enfoque de género. Los otros dos responsables, también empleados públicos, deberán pagar 7 salarios mínimos cada uno y cumplir con capacitaciones obligatorias según la Ley Micaela.
El Gobierno provincial, a través del subsecretario de Legal y Técnica Julio Ferro, anunció que se aplicarán sanciones administrativas, retención de haberes y descuentos de las multas correspondientes. “No hay lugar en esta gestión para quienes ejercen violencia desde el poder institucional”, sostuvo.
La jueza exhortó además al Estado a reforzar las políticas de prevención. Por ello, el Ministerio de Gobierno impulsará capacitaciones obligatorias sobre violencia digital y protección de datos. También se pidió al sindicato UPCP que organice un taller gratuito para sus afiliados, tras la grave omisión de activar protocolos ante la denuncia.
“No vamos a permitir que ninguna funcionaria o trabajadora del Estado sea violentada dentro del ámbito laboral o gremial”, afirmó Ibarra, quien además denunció la actitud pasiva del gremio: “En el expediente se ve con claridad la intención maliciosa con la que se difundieron las imágenes”.
