La UOM inició una protesta indefinida en defensa del régimen industrial fueguino, tras la eliminación de aranceles sin diálogo previo. El Gobierno defiende la medida como una forma de bajar precios, pero en la provincia alertan sobre miles de empleos en riesgo.
El anuncio del Gobierno nacional sobre la quita de aranceles a la importación de productos electrónicos encendió una crisis en Tierra del Fuego. Desde este martes, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lleva adelante un paro total en las plantas de Ushuaia y Río Grande, en rechazo a una medida que consideran “un ataque directo” al régimen de promoción industrial. La decisión fue tomada sin consultas previas, y ya se sienten sus efectos: fábricas paralizadas, incertidumbre laboral y una provincia movilizada.
Alejandra Man, secretaria de Industria de Tierra del Fuego, advirtió que la medida pone en riesgo más de 7.000 empleos directos y afecta la estabilidad de unas 30.000 personas. «No hubo diálogo, solo imposiciones», denunció. Desde el gremio, el Congreso de Delegados anticipó que no levantarán el paro hasta obtener una respuesta clara que garantice la continuidad del régimen que sostiene la economía de la región.
Mientras tanto, el Gobierno nacional insiste en que la eliminación de aranceles reducirá hasta un 30% los precios de dispositivos electrónicos. El ministro Federico Sturzenegger reconoció posibles pérdidas de empleo, pero defendió el impacto positivo en el consumo. Sin embargo, desde Tierra del Fuego advierten que el daño no es solo económico: se trata de soberanía, arraigo y futuro. El gobernador Gustavo Melella acusó al Ejecutivo de seguir “la agenda del FMI” y pidió una revisión urgente. La tensión crece y el conflicto parece lejos de resolverse.
