Histórica condena en Resistencia por difusión de imágenes íntimas sin consentimiento

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El Juzgado de Faltas sancionó a tres personas por viralizar contenido íntimo de una funcionaria pública. Se aplicaron multas, tratamiento obligatorio y se ordenaron talleres sobre violencia de género digital.


Por primera vez, el Juzgado de Faltas de Resistencia condenó a dos hombres y una mujer por la difusión no autorizada de imágenes íntimas de otra mujer. El fallo, firmado por la jueza Marcela Cortés, impuso una multa equivalente a 16 salarios mínimos a uno de los responsables, junto con la obligación de iniciar un tratamiento terapéutico con enfoque de género. Los otros dos implicados fueron sancionados con el pago de siete salarios mínimos.

La sentencia, identificada como 125/25, se fundamenta en infracciones a los artículos 60 inciso «b», 139 bis y 139 quater inciso «d» del Código de Faltas. La jueza destacó que se trata de la primera condena de este tipo desde la inclusión del capítulo sobre Identidad Digital de las Personas en la normativa local. “Pasaron años de lucha para vivir sin violencia. En este caso, fue otra mujer la que humilló a una igual”, subrayó Cortés.

El hecho ocurrió entre mayo y junio de 2024, cuando la expareja de la víctima distribuyó las imágenes por WhatsApp, incluyendo a trabajadores del Estado provincial y a un número registrado a nombre del gremialista José Niz, secretario general de UPCP. Dado que los condenados trabajan en la administración pública, también deberán acreditar la realización de la capacitación obligatoria en género prevista por la Ley Micaela (Ley Nacional 27.499 y Ley Provincial 2997-G).

Además, el fallo ordena al Ministerio de Gobierno de Chaco articular con la Subsecretaría de Género y Diversidad para capacitar a todo el personal en violencia de género digital, y exhorta al gremio UPCP a implementar un taller gratuito sobre esta temática para sus afiliados, con plazo máximo de tres meses para cumplirlo y notificar al Juzgado.

Para la jueza, el caso no solo expone un acto de violencia de género, sino también una vulneración en el ámbito laboral y político, al tratarse de una funcionaria pública víctima de la viralización.

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