El juicio contra cuatro exagentes de la Aduana por facilitar maniobras de contrabando sigue en marcha. Dos testigos de la Policía Federal confirmaron la existencia de escuchas judiciales, aunque no recordaron información clave. Los acusados podrían enfrentar hasta diez años de prisión.
El juicio por contrabando que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Posadas continúa avanzando con la declaración de nuevos testigos. En la audiencia de este miércoles, dos oficiales de la Policía Federal Argentina confirmaron que en 2016 se realizaron escuchas telefónicas y desgravaciones ordenadas por la Justicia, pero admitieron no recordar detalles específicos de los informes ni del contenido de las grabaciones.
Los acusados son cuatro exagentes de la Aduana Argentina —Lorenzo René Juárez, Francisco Antonio Llorente, Orlando Ariel Alfonso y Bernardino Castor Esquivel—, imputados por su presunta participación en una asociación ilícita que habría facilitado maniobras de contrabando entre la Argentina y Paraguay. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión.
El primer testigo fue el oficial Adrián Martos, jefe de investigaciones de la Policía Federal, quien declaró por videoconferencia. Aunque reconoció haber firmado los informes relacionados con las escuchas, aseguró no recordar el contenido de las mismas ni detalles relevantes del caso. «Las escuchas fueron ordenadas por el juzgado, se hicieron las desgravaciones y se extrajo lo vinculado a la investigación», explicó.
El segundo testigo, el subcomisario Guillermo Fernando Figun, también brindó su testimonio de forma remota. Al igual que su colega, afirmó no recordar los hechos puntuales de la causa, aunque validó que las tareas de intervención telefónica se realizaron conforme a los procedimientos judiciales.
La defensa, por su parte, enfocó sus preguntas en la interpretación de términos técnicos del ámbito aduanero, pero ambos testigos señalaron que desconocían esas especificidades.
El juicio sigue en curso con la recepción de pruebas y más declaraciones. El tribunal deberá determinar si existió una organización ilegal dentro de la Aduana que facilitó el ingreso irregular de mercadería a través de la frontera, una acusación que podría tener consecuencias penales severas para los implicados.
